Hasta unos mil 700 casos al mes, la mayoría de ellos de carácter penal son atendidos por El Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas, lo que ha ampliado la cobertura de esa dependencia en el Estado, afirmó su titular, Armando López González.

Aunque los defensores de oficio trabajan en asuntos civiles, penales y familiares, son los de naturaleza penal los que más  son atendidos “Ante todo las defensa púbica penal es la que tenemos con mayor cobertura, en los juzgados de primera instancia del ramo penal en promedio atendemos cerca del 90 por ciento de todos los asuntos que se manejan ahí a través de nuestros defensores públicos”, indicó.

Señaló que por ello el Instituto incrementó el número de defensores “tenemos mayor cobertura, contábamos con 59 defensores, se dio un incremento a 64 defensores públicos y dos directores de área, en este momento recién se acaban de expedir dos nombramientos más y contamos,  es decir contamos con una plantilla ya de 66 defensores, lo que significa una mayor cobertura en la prestación de servicios de la defensoría pública en el Estado”.

Además la Defensoría Pública también cuenta con dos abogados especializados en casos de defensa penal pero en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, es decir para atender los juicios orales.

“Contamos con dos defensores especializados asuntos de naturaleza pública que están adscritos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal aquí en Victoria, y   tenemos asesores públicos que atienden asuntos de  naturaleza civil, familiar y mercantil,  aquí en Victoria tenemos mayor cobertura mayor presencia tenemos 5 de ellos».

López González dijo que en el resto del estado los defensores públicos cumplen una doble función al prestar  los servicios  de defensoría pública de naturaleza penal pero también todos asuntos de naturaleza civil y familiar.

“En promedio estamos atendiendo entre mil 500 y mil 7600 asuntos mensualmente entre civiles, familiares y penales, el número mayor es de naturaleza penal.

No obstante dijo que se ha observado un repunte en los casos de mujeres que demandan pensión alimenticia de parte de los padres de sus hijos.

Se establece la posibilidad que el asesor público pueda prestar este servicio a  actores con la nueva ley, madres de familia que acuden a demandar una pensión alimenticia, asuntos que han disparado el trabajo de los defensores de oficio.