Con el propósito de vigilar y verificar que los prestadores de servicios educativos y productos escolares ajusten su comportamiento comercial a los dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), la Delegación en Tamaulipas de la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO), puso en marcha el Programa de Verificación y Vigilancia “Regreso a clases y Escuelas Particulares 2013”.
El Delegado federal Felipe Garza Narváez dijo que esta actividad tendrá verificativo del 29 de julio al 30 de agosto, en donde además se supervisará que los productos que se expenden cumplan con lo establecido por las Normas Oficiales de Mexicanas.
Refirió que esta política de protección a los derechos del consumidor implementada por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto tiene el fin de salvaguardar los derechos e intereses de los consumidores, inhibiendo que se afecte su vida, salud y economía.
Explicó que dentro de las estrategias instruidas por el Procurador Federal del Consumidor, Lic. Alfredo Castillo Cervantes se focalizarán acciones de verificación en materia de normas oficiales mexicanas a fabricantes e importadores de artículos y uniformes escolares, además de que se concentrará la vigilancia del comportamiento comercial y metrologías en los puntos con venta directa al consumidor.
Asimismo, señaló, se desarrollarán acciones de verificación direccionadas a planteles educativos particulares de niveles: básico preescolar, primaria, secundaria y medio superior, con especial énfasis en el posible condicionamiento del servicio, a la contratación de los servicios adicionales.
Por ello, afirmó Garza Narváez, se atenderán de manera expedita las denuncias que sean presentadas por los consumidores, respecto a los abusos que afecten sus derechos y economía.
Indicó que entre los establecimientos a verificar se encuentran las escuelas particulares con los niveles mencionados; los ´prestadores de servicios educativos que fabriquen, distribuyan o importen uniformes, artículos y útiles escolares; papelerías, librerías, ventas de uniformes, zapaterías, venta de telas, tiendas de Autoservicio y Departamentales, así como aquellas especializadas en equipo de cómputo y autoservicios papeleros, además de los estacionamientos para vehículos.
Entre los rubros de los productos que serán verificados se mencionan: el precio y/o tarifa de los servicios educativos como es la inscripción o reinscripción, colegiaturas, derechos de incorporación, exámenes, cursos, constancias, transporte, alimentación y actividades opcionales.
Cabe mencionar que los precios deben exhibirse en montos totales a pagar, con IVA incluido y la información debe ser clara, veraz y sin ambigüedades sobre las disposiciones, servicios, términos, condiciones y las posibles excepciones.
El prestador de servicios educativos está obligado a entregar al consumidor factura, recibo o comprobante en el que consten los datos específicos de la compraventa o servicio educativo contratado, con absoluto respeto a las promociones anunciadas.
Garza Narváez, fue claro al expresar que el prestador de servicios educativos debe abstenerse de realizar métodos o prácticas en perjuicio de los consumidores, como: negar o condicionar la venta de productos o la prestación de dicho servicio al uso de uniforme y útiles escolares nuevos o, su adquisición dentro de la escuela o, en su caso, con determinado prestador de servicios.
