Por José Gregorio Aguilar

El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó un amparo a Aprender Primero (brazo jurídico de Mexicanos Primero) en el que ordena a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Salud (SSA) implementar medidas que garanticen que todas las escuelas del país sean seguras frente a la emergencia sanitaria que todavía enfrentamos informó Fernando Alcázar, director de judicialización.

Es decir, que esa autoridad ordena que la SEP y Salud emitan un protocolo sanitario obligatorio para las escuelas del país, incluyendo las de Tamaulipas y se hagan responsables de todos los insumos necesarios para la prevención de contagios, sin costo alguno para los padres de familia.

Lo que está sucediendo en distintas entidades del país, como Tamaulipas, no es cosa menor: los contagios en escuelas están poniendo en riesgo nuevamente la continuidad de la presencia de los alumnos en las aulas.

El posible surgimiento de una nueva ola de contagios, aunado a que la gran mayoría los alumnos no ha recibido vacunación para prevenir el COVID-19, debería poner a las autoridades en alerta máxima en el cierre de este ciclo escolar y para el comienzo del próximo 2022-2023.

Ello, establece el juzgador, dado que no asumieron su responsabilidad como autoridades máximas en materia educativa y salubridad, respectivamente, no establecieron medidas de prevención obligatorias en las aulas y, en muchos casos, delegaron en las mismas comunidades escolares la procuración de cubrebocas, sanitizantes, termómetros y demás insumos, situaciones que esta sentencia manda corregir.

La SEP y la Secretaría de Salud procedieron con un regreso presencial a las escuelas avalado por meras recomendaciones y sin responsabilizarse de pagar los materiales necesarios (como agua, jabón, cubrebocas y sanitizantes) para la prevención de contagios y asegurarse que se contara con ellos en cada escuela, y todo el ciclo, no sólo a la reapertura.

Fue entonces que Aprender Primero activó al Poder Judicial de la Federación y obtuvo  una suspensión, que ordenaba a dichas autoridades garantizar los insumos necesarios y la emisión de protocolos obligatorios, lo cual ahora se refuerza y confirma con mayor contundencia mediante esta sentencia de amparo.