Ciudad Victoria, Tamaulipas.–
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este martes negar el amparo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco “G”, con lo que se mantiene vigente la orden de aprehensión en su contra.
Tras poco más de una hora de discusión, el fallo se aprobó por unanimidad, con voto concurrente, durante la sesión celebrada a las 13:30 horas de este 24 de febrero.
El máximo tribunal atrajo en octubre del año pasado la revisión del amparo 435/2025 a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).
El expediente fue turnado a la ministra Lenia Batres.
La resolución se da después de que diversos jueces federales —entre ellos Faustino Gutiérrez Pérez— otorgaran suspensiones que beneficiaron al exmandatario y a integrantes de su familia.
Con la determinación de la Corte no procede ningún recurso de apelación, por lo que el proceso penal deberá continuar en un juzgado con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, una vez que el exgobernador sea detenido.
A Francisco “G” se le imputan presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las investigaciones derivan de denuncias presentadas a finales de 2020 por la entonces Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo.
En ellas se involucra también a su esposa, Mariana Gómez Leal; a sus hermanos, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca; así como a otros familiares.
De acuerdo con los expedientes, también se indaga la participación de presuntos prestanombres y empresas vinculadas a su círculo cercano, entre ellas Inmobiliaria RC de Tamaulipas.
Las indagatorias señalan el uso de empresas fantasma (EFOS), triangulación de recursos y presunto lavado de dinero.
A petición de la UIF, la FGR aseguró diversas cuentas bancarias: 14 del exgobernador; cuatro de su esposa; cuatro de Ismael; seis de José Manuel; 11 de su madre y 20 de su suegro.
En total, las autoridades investigan a 25 empresas y 12 personas por posibles operaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, además de la adquisición de propiedades —departamentos, casas y ranchos— cuyo valor no correspondería con los ingresos reportados.
Según la ponencia de la ministra Batres, el recurso de revisión adhesivo resultó infundado y se revocó la sentencia recurrida, por lo que la justicia federal no ampara ni protege al quejoso frente a la orden de aprehensión.
A seis años de las primeras denuncias, el exgobernador podría ser detenido o enfrentar un proceso de extradición desde Estados Unidos, país donde actualmente reside.
