Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tendrán acceso a los datos personales de los 79 millones de beneficiarios de Medicaid de Estados Unidos entre ellos, sus domicilios y orígenes étnicos, con el objetivo de rastrear a inmigrantes que podrían estar viviendo ilegalmente en el país, según un acuerdo obtenido por The Associated Press.
La información permitirá a los funcionarios de ICE acceder a la ubicación de extranjeros en todo el país, según el acuerdo firmado el lunes entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El acuerdo no ha sido anunciado públicamente hasta ahora.
La extraordinaria divulgación de millones de estos datos personales de salud a los funcionarios de deportación es la última escalada en la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump, que ha puesto a prueba repetidamente los límites legales en su intento de arrestar a 3.000 personas diariamente.
Los legisladores y algunos funcionarios de los CMS han cuestionado la legalidad del acceso de los funcionarios de deportación a los datos de los beneficiarios de Medicaid de algunos estados. Se trata de una medida —reportada por primera vez por AP el mes pasado—, que, según funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos, tenía como objetivo evitar la continuidad de las personas inscritas indebidamente en el programa.
Sin embargo, el último acuerdo de intercambio de datos deja claro qué pretenden hacer los funcionarios de ICE con los datos de salud.
“ICE utilizará los datos del CMS para recibir información sobre la identidad y la ubicación de los extranjeros identificados”, dice el acuerdo.
Una acción de este tipo podría tener amplias repercusiones
Estas revelaciones, incluso si no se toman medidas al respecto, podrían generar alarma generalizada entre las personas que buscan atención médica de emergencia para sí mismas o sus hijos. Otros esfuerzos para combatir la inmigración ilegal han hecho que escuelas, iglesias, juzgados y otros lugares cotidianos se sientan peligrosos para los inmigrantes e incluso los ciudadanos estadounidenses que temen ser atrapados en una redada.
El portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés), Andrew Nixon, no respondió al último acuerdo. Sin embargo, no está claro si el Departamento de Seguridad Nacional ha accedido ya a la información. La portavoz del departamento, Tricia McLaughlin, declaró por correo electrónico que ambas agencias “están explorando una iniciativa para garantizar que los inmigrantes indocumentados no reciban los beneficios de Medicaid destinados a los estadounidenses que cumplen la ley”.
