Al parecer las tres iniciativas que constituyen la columna vertebral de la Reforma del Estado Mexicano, de acuerdo a los nuevos vientos que simulan democracia, requieren contar con el debido consenso de las tres fuerzas políticas mayoritarias del país. En efecto bajo el nombre de Pacto por México celebrado el 2 de diciembre del año pasado, hoy se apunta el consenso entre estos partidos mediante las consabidas concertacesiones previas, que se reclaman para ajustar los intereses de actores que se sienten afectados en el ámbito de su interés con los del Estado.
Ante ello los movimientos sociales se presentan como la simulación, porque la protesta surge cobijada bajo estos mecanismos:
Primero el financiamiento generoso que corrió por parte del gobierno de Oaxaca quien unos días previos a la marcha hacia la capital de la república anticipó el pago de la quincena, aguinaldo de fin de año y prestaciones, dejando al gobierno de Gabino Cué con las arcas estatales vacías; un sistema educativo cerrado por parte de los “profes” de la sección 22 de la CNTE y hoy exige el gobierno de Oaxaca al federal una partida de emergencia por 4 mil millones de pesos para concluir los faltantes presupuestales o aumentar el déficit y el endeudamiento crónico de la entidad.
El segundo incentivo corre a cargo íntegramente del jefe de gobierno de la Ciudad de México, el cual mantiene subordinados a su Secretaria de Seguridad Publica, su PGJDF y la asamblea legislativa, las cuales desde el primero de diciembre mostraron su abierta complicidad y respaldo a la impunidad hacia quienes al armar la revuelta consideraron que eran delitos no graves por parte de los asambleístas, de una procuraduría que de hecho se desistió y desestimó los hechos y de una policía que se mantuvo al margen, pese a que muchos de sus elementos fueron agredidos. Todo ello culminó en la invitación de Mancera al diálogo, pese a la ocupación de los recintos camarales, de los accesos al Aeropuerto Internacional y del zócalo de la Ciudad de México.
El tercer responsable es el gobierno federal qué en afán de mantener el pacto por México y la mayoría parlamentaria frente a las reformas, ha negociado la pieza clave de la reforma educativa que es la referente a la evaluación y por tanto los mecanismos de ingreso, promoción, permanencia y ubicación del personal académico, lo que representa en que estos seguirán en manos de la charrería sindical como negocio.
¿Cuál es la lógica de estos acontecimientos?
El PRD sabe que la gobernabilidad en sus entidades donde hace efervescencia la propuesta no puede mantenerse sin los instrumentos corporativo sindicales en los que se afianza, por tanto conceder tanto a tan pocos, lo terminará comprometiendo en el cambalache de ley complementaria de evaluación educativa para terminar por apoyar sin reservas los términos de la Reforma Energética.
A su vez igual pasará con la Reforma Fiscal donde el PAN ya recibió el anticipo de la gubernatura de Baja California que de la noche a la mañana cambió banderas, del PRI hacia los azules. Además de que tendrán que afectarse las alianzas entre sectores empresariales y los gobiernos panistas que ocuparon por 12 años la presidencia del país. Por lo que el PRD tendrá que aliarse con el PRI para modificar estos acuerdos.
Al mismo tiempo el PRI actual carece del apoyo corporativo en la medida en que esto fue la base en que se mantuvo el siglo pasado y esto ya no puede continuar sin afectaciones profundas por lo que tendrá que dar golpes decisivos con los nuevos instrumentos jurídicos a las viejas estructuras sindicales a su debido tiempo, pero hoy solo hay que mirar y entretener a los actores en lo inmediato.
Frente a todo esto quedan ahora tres escenarios que observo como posibles:
La política de masas hasta hoy ha concluido siempre en represión, porque los partidos se montan en los movimientos sociales para sacar ventaja, pero no controlan a las bases que siguen rutas espontáneas y son capaces de seguir a los aventureros de la política y en esto hay que considerar que el PRD apuesta a controlar a sujetos sobre los cuales no tiene ni siquiera capacidad de influencia. Y el PAN piensa que las Elites son partidistas, cuando lo único que miran son los acuerdos con lo que en el presente es dominante.
La visión de la tolerancia ilimitada y de la negociación al infinito, sólo la creen los ingenuos que terminan ensoberbecidos y terminan creyendo que valen más de lo que realmente son. En ello estarían los dirigentes sindicales, los políticos de ocasión y las organizaciones que creen controlar procesos cuya complejidad escapa a sus manos.
Por último, si la política no es capaz de conciliar intereses entre las cúpulas, ni de controlar la mecánica sobre los subordinados, entonces estaría abierta la puerta al autoritarismo, que en las condiciones actuales no duraría tampoco mucho tiempo, pues el retorno a un presidencialismo fuerte de este tipo fue útil para el pasado, pero no para el siglo XXI, que reclama de un presidencialismo negociador, conciliador y sobre nuevas bases de consenso para sustentarse. En este sentido el ogro filantrópico como designó Octavio Paz al viejo modelo político mexicano, tendrá que erigirse para construir un nuevo Leviatán, propio de nuestro tiempo.
