México.- En mayo pasado el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, compareció ante un juez de control como parte de una audiencia inicial en la que la Fiscalía de Veracruz lo acusó del presunto desvío de 220 millones de pesos y de haber utilizado un helicóptero oficial el día en que supuestamente huyó de Veracruz.
En ese entonces los fiscales adscritos de la Procuraduría capitalina, que actuaron en representación del Ministerio Público de Veracruz, acusaron al Duarte de Ochoa de los delitos de peculado, abuso de autoridad, coalición, incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias.
Luego, tras culminar el plazo de un año que un juez federal dio para investigar, la PGR lo acusó de lavado de dinero y asociación delictuosa y pidió que se abrieraa juicio en su contra. Sin embargo, ayer miércoles la Procuraduría le retiró el cargo de delincuencia organizada que le había imputado inicialmente, y que era el único que ameritaba su prisión preventiva automática.
Así la PGR informó a través de un comunicado que al valorar las pruebas contra Duarte “determinó que no son suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, por lo que decidió reclasificar la acusación”.
Lo anterior abre la puerta a los abogados de Duarte para que – en una futura audiencia – soliciten al juez que retire la medida de prisión preventiva impuesta a su cliente y así pueda enfrentar el juicio en libertad. Será decisión del juzgador determinar si considera justificado mantenerlo en prisión por su riesgo de fuga o no.
La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que el Ministerio Público presentó ante el juez de control del Reclusorio Norte la acusación formal por escrito en contra del exgobernador de Veracruz por dos delitos: lavado de dinero y asociación delictuosa.
El delito de lavado de dinero es uno de los que PGR imputó al exmandatario desde la audiencia inicial realizada en julio del año pasado, y por los cuales consiguió que se le vinculara a proceso. El otro delito inicial era el de delincuencia organizada, sin embargo, en la acusación formal presentada ayer este ilícito fue reclasificado al de asociación delictuosa.
Bajo las nuevas reglas del sistema penal acusatorio el Ministerio Público tiene la facultad de modificar o incluso retirar una imputación que haya hecho de forma inicial. Esto se debe a que los delitos que se señalan en las audiencias iniciales, como la que enfrentó Duarte el año pasado, se establecen a partir de datos preliminares.
Luego de la audiencia inicial viene el periodo de investigación complementaria, fijado dentro de un tiempo límite por el juez, en donde el Ministerio Público debe reunir pruebas con las cuales pretende sostener el caso ante un juez. De ahí que los fiscales tengan la posibilidad de modificar un caso a partir de la evidencia que logren reunir o no.
En el caso de Javier Duarte este periodo de investigación complementaria se extendió por un año debido a que la PGR pidió seis meses iniciales al juez para trabajar el caso, y luego fue la defensa la que pidió seis meses más.
De acuerdo con la investigación inicial de la Procuraduría, Javier Duarte consiguió desviar y lavar el origen de al menos 400 millones de pesos extraídos de las arcas públicas de Veracruz, gracias a una red que incluye múltiples prestanombres y empresas fantasma. El dinero se habría utilizado para gastos personales y en propiedades.
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