México, 8 Oct (Notimex).- La representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Isabel Crowley, afirmó que la minuta la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes representa un gran avance hacia la universalidad e integralidad de los derechos de este sector.
También, aseguró que el proyecto que envió el Ejecutivo con carácter de preferente al Senado de la República y que remitió el pasado martes 30 de septiembre a la Cámara de Diputados, crea un sistema nacional de protección integral de los menores de edad, lo que dará voz a 40 millones niñas, niños y ciudadanos.
Durante la mesa de trabajo organizada por la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados para conocer los avances y perspectivas de dicha ley, la representante del Unicef señaló que la iniciativa de ley también prevé la conformación de sistemas estatales y municipales en la materia.
Resaltó la creación de un sistema nacional sobre los derechos de la niñez que posibilitará información sobre la infancia, desagregada por sexo o edad; así como la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno prevista para los programas nacional y estatales en la materia.
“Una base sin precedente del proyecto, es la obligatoriedad de realizar una evaluación periódica de las políticas relacionadas con la garantía de los derechos de la infancia, a través de la autoridad nacional de evaluación, de la política de desarrollo social, es decir, el Coneval”, subrayó.
También resaltó la creación de la Procuraduría Federal de Protección y las procuradurías estatales en la materia, y pidió darle más presupuesto al DIF para cumplir sus obligaciones.
Por su parte, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, aseguró que la ley crea un sistema nacional de protección integral que presidiría el titular del Ejecutivo federal, y lo integrarían diferentes secretarías de Estado, gobernadores y sociedad civil.
En su turno, la representante de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir, Maribel Luna Martínez, consideró que el proyecto promueve la igualdad sustantiva y la no discriminación, considerando la perspectiva de género en las diversas condiciones vividas en la infancia y la adolescencia.
También, agregó, promueve la educación sexual, reconoce los derechos sexuales y reproductivos, las libertades de pensamiento, conciencia, religión y cultura de niñas, niños y adolescentes.
En tanto, la representante de la organización PRO Yucatán, Marcia Lara, consideró que el inicio temprano de la vida sexual requiere formación, no sólo información.
La directora general de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Teresita Gutiérrez Espinoza, afirmó que no existen los derechos sexuales y reproductivos “que pretenden imponérseles a los niños, niñas y adolescentes”, por lo que consideró una imposición que se agregue dicho tema.
“No existen y no pueden ser reconocidos por ninguna ley secundaria, además de que los supuestos derechos sexuales no son parte de los derechos humanos, porque no cumplen con la exigibilidad”, dijo.
