Ciudad de México (Agencias).- Trabajadores y ex trabajadores que denunciaron el desvío de 55 millones de dólares propiedad de los miembros del sindicato minero solicitaron a las autoridades judiciales el embargo de los bienes de esa organización a fin de que se pueda garantizar el patrimonio de los agremiados que tienen derecho a ese fideicomiso.

Según los quejosos, la organización gremial tiene diversos bienes embargables como son terrenos en Tepoztlán, Morelos; el Teatro 11 de Julio; el hotel Minero; la sede nacional del Sindicato Minero; otras instalaciones ubicadas en el Estado de México; las oficinas de las 70 Secciones y 13 Fracciones en el interior del país y las cuentas bancarias.

Desde hace varios años, cientos de mineros mantienen una batalla legal contra el dirigente del gremio Napoleón Gómez Urrutia, en demanda de que 55 millones de dólares sean distribuidos entre los trabajadores a los que corresponde un fideicomiso.

Los trabajadores que denunciaron el fraude demandaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el embargo precautorio de los bienes del sindicato, en los cuales exigen se tome en cuenta el monto de los intereses que se hubieran generado por espacio de 9 años.