Ciudad de México (Agencias).- La coordinadora de abogados contra la reforma laboral, sindicatos y trabajadores de la educación anunciaron que el 31 de enero próximo, a las 16:00 horas, realizarán una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la ciudad de México para protestar por la modificación de la Ley Federal del Trabajo.
En conferencia de prensa, representantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) manifestaron que más allá de que el gobierno realice “acciones políticas mediáticas” como la Cruzada Nacional Contra el Hambre, lo que urge es generar empleos para la gente del campo y la ciudad, y contar con salarios bien remunerados.
La coordinadora, conformada por más de 80 abogados, aseguró que la reforma laboral que se publicó el 30 de noviembre pasado y entró en vigor el 1 de diciembre contradice los derechos humanos de los trabajadores.
Eduardo Miranda Esquivel, presidente colegiado de la Unión de Juristas de México, explicó que por los motivos antes mencionados, han planteado una estrategia de impugnación y de lucha que va a empatar la lucha jurídica con la lucha sindical.
“Vamos a interponer un juicio de amparo que actualmente asciende a una cantidad de 2 millones de pesos con cerca de mil 500 demandas, desde el 3 de diciembre al 15 de enero, porque afecta a trabajadores del libres y desempleados”, precisó.
El reclamo de los trabajadores surgió debido a que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió imponer a dos juzgados la resolución de los reclamos obreros, con la publicación el 16 de enero pasado del acuerdo que concede el trámite y la resolución a los juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el DF, de los juicios de amparo contra la reforma laboral.
A lo anterior, el laborista Manuel Eduardo Fuentes, respondió que la decisión de concentrar los amparos en estos juzgados especiales, está transgrediendo lo establecido en los artículos 13, 14 y 17 constitucionales “al quebrantar el principio de la autonomía de los juzgadores y sistema judicial” previamente establecido.
Por su parte, el jurista Héctor Barba indicó que si no se llega a una resolución de la lucha legal que la Coordinadora, sindicatos y agrupaciones están emprendiendo prevén acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, una vez agotadas todas las instancias nacionales.
