México (Agencias).- El PRD y la mayoría del PAN en el Senado presentarán hoy su iniciativa de reforma política para modificar los mecanismos de acceso y ejercicio del poder, así como reformas electorales que frenen las irregularidades de la pasada contienda.
Legisladores darán a conocer su proyecto, al margen de las negociaciones que realizan las dirigencias de sus partidos para permanecer en el Pacto por México.
La iniciativa de reforma política contempla la segunda vuelta en la elección presidencial; la figura de jefe de gabinete con obligación de rendir cuentas al Congreso cada mes y un cuarto nivel de gobierno mediante Juntas Comunitarias que gozarán de presupuestos.
También impulsa la autonomía de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; la eliminación del fuero para todos los funcionarios y la reelección de legisladores y alcaldes, entre otros cambios.
En materia electoral se plantea hacer obligatorios los debates entre candidatos y su transmisión; incluye sanciones “severas” a quienes se nieguen a acudir; se regulan las encuestas.
Se incorpora a la ley electoral la figura de candidaturas independientes; se impulsa la urna electrónica y se sientan las bases para que candidatos y partidos se beneficien con la Ley de Réplica.
Además, se endurecen los mecanismos de fiscalización —al permitir que se revisen las cuentas de los partidos durante las campañas— y las sanciones contra partidos y candidatos que rebasen los topes de campaña.
Se propone regresar al Consejo General del Instituto Federal Electoral la facultad de revisar los informes de gastos.
La oposición en el Senado impulsa también una Ley de Propaganda Gubernamental para transparentar el acceso a los medios de comunicación, particularmente a las televisoras, con la creación de un Consejo Ciudadano.
En ésta, se propone la obligación de que cualquier gasto público relacionado con comunicación social sea información pública; topes al gasto de comunicación social de los entes públicos para que no puedan exceder 0.5 por ciento del presupuesto de egresos. Asimismo, busca regular que los tiempos oficiales del Estado sean distribuidos entre los tres poderes de la Unión, los poderes locales y los órganos constitucionales autónomos de forma equitativa; además de una “distribución equitativa de la inversión entre todos los medios de comunicación social con base en criterios de audiencias y penetración de mercados”.
En la iniciativa —cuyo proyecto estaba a revisión y pase de firmas todavía anoche— se propone prohibir y sancionar la discriminación de medios por línea editorial y obliga a que los comunicados oficiales de los poderes públicos tengan información de carácter relevante; se prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos en cualquier modalidad de comunicación social.
Panistas y perredistas buscan crear un Consejo Ciudadano encargado de dictar políticas en materia de propaganda gubernamental; así como definir los criterios rectores de la propaganda gubernamental con objetividad, imparcialidad, equidad, lealtad institucional y veracidad, con “procedimientos y sanciones por el incumplimiento a las obligaciones consignadas en la ley”.
Por lo que toca a las reformas constitucionales, en la segunda vuelta electoral se plantea que aplique a la elección presidencial entre los dos punteros, para que ocupe el cargo quien logre mayoría absoluta.
El jefe de gabinete deberá ser ratificado por el Congreso y tendrá como atribuciones sustituir al Presidente de la República en ausencias temporales, con facultades para presentar iniciativas de ley, coordinará al gabinete, conducirá las relaciones del Ejecutivo con otros poderes y entidades federativas, entre otras funciones, y deberá comparecer ante las cámaras cada mes.
El gabinete presidencial y el programa de gobierno deberá ser ratificado por mayoría absoluta del Congreso.
Se prevé la intervención subsidiaria de la federación. “En casos de grave alteración social, debilidad institucional, amenazas o riesgos a la seguridad o gobernabilidad democrática, incapacidad de órdenes de gobierno locales para mantener estabilidad política o social, la Federación asumirá funciones de los órdenes locales o declarar la desaparición de poderes”.
