Han pasado más de seis años desde el suceso vial que marcó un giro en la vida de Pablo Lyle. Ahora, el actor se enfrenta a una nueva acción judicial: una demanda civil presentada por los allegados de Juan Ricardo Hernández, el hombre de 63 años que falleció tras ser golpeado por el artista.

De acuerdo con los datos compartidos por el programa El Gordo y La Flaca, el proceso legal comenzó en 2024, cuando el hijo de Hernández emprendió una batalla legal contra el galán de telenovelas, buscando una compensación económica por daños y perjuicios.

Según ha trascendido, el monto de la indemnización buscaría cubrir diversos aspectos como los gastos del funeral, el acompañamiento psicológico y el impacto económico derivado de la pérdida de ingresos de la esposa de Juan Ricardo. Por ello, la cifra podría situarse entre 1 y 5 millones de dólares, lo que equivale a más de 93 millones de pesos mexicanos.

Ante la duda sobre la viabilidad de este litigio, dado que Lyle no tiene trabajo y se presume que será deportado cuando recobre su libertad, la emisión de espectáculos buscó al letrado Vance Owen, quien explicó:

“Es posible que la familia afectada por la muerte de su ser querido en el incidente de Pablo Lyle, tenga un papel, un documento de corte, una orden de corte, pero que sea completamente vacía, en el sentido de que no tenga la factibilidad de liquidarlo y recibir dinero a cambio de esa orden de corte”.

Cabe mencionar que este procedimiento judicial se desarrolla de forma simultánea al asunto penal que enfrentó el famoso por el cargo de homicidio involuntario, y por el cual fue condenado en 2023 a cumplir una sentencia de cinco años de prisión.

La audiencia inicial de la demanda civil estaba prevista para junio, pero se aplazó debido a que los abogados de Pablo no se presentaron. Más adelante, la defensa que representaba a los seres queridos de Juan Ricardo Hernández renunció al caso, lo que generó otro retraso. La nueva fecha para retomar el diálogo está programada para el 31 de julio.