México.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una audiencia para que un juez vincule a proceso a María del Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Robles Berlanga se fue del Gobierno federal como uno de los personajes más polémicos de la administración de Enrique Peña Nieto, quien la mantuvo durante los seis años de su mandato en puestos claves: primero le dio la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, hoy Secretaría del Bienestar) y luego, tras el aumento en el número de pobres en 2015, le dio la oficina de la Sedatu.
A través de la Fiscalía de Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, la FGR solicitó a un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, una audiencia inicial para imputación y vinculación contra Robles Berlanga.
De acuerdo con el oficio UEIDCSPCAJ-217/2019 de fecha 25 de julio pasado, la FGR solicitó citar a la exfuncionaria para imputarle el ilícito de ejercicio indebido del servicio público derivado de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018.
El juez del Reclusorio Sur citó a Robles Berlanga y a los fiscales encargados del caso para el próximo 8 de agosto a las 11:00 horas.
En 2017, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano(Sedatu), en la revisión que le hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a sus Cuentas por Liquidar, encontró un posible daño a la hacienda pública por 2 mil 039 millones 512 mil 453 pesos.
Esa cantidad se conforma por cinco actos realizados bajo la administración de Rosario Robles Berlanga.
De acuerdo con el documento de la Auditoría, durante 2017 la Sedatu pagó mil 173 millones 317 pesos de los que luego ya no se pudo conocer su destino. La Secretaría pagó proyectos del ejercicio 2016 con presupuesto del ejercicio 2017, pero no hubo ninguna Unidad que supervisara el manejo de ese dinero.
Además pagó 596 millones 641 mil pesos a proveedores y no acreditó su ejercicio con la documentación justificativa y comprobatoria; tampoco hubo supervisión de ese dinero.
Se encontró que se pagaron 5 millones 359 mil pesos a una asociación por los servicios de “Realización de un proyecto integral de participación en el Programa de Infraestructura”, pero no se encontraron documentos referentes a la justificación, pagos y ejecución de los servicios.
También ejerció mal 178 millones 394 mil pesos en el pago de “Indemnizaciones por expropiación de predios”, los cuales no cuentan con evidencia documental justificativa y comprobatoria que los acredite.
La última observación es por el pago de 35 millones 800 mil pesos a un proveedor para servicios de comunicación, pero no existe.