La reforma política-electoral recién aprobada sigue teniendo lagunas que le permite a los servidores públicos hacer campaña «disfrazada» de actividad oficial.
Y es que para acotar la promoción anticipada de políticos financiada, incluso, con el erario, no se podrá regular pues tanto funcionarios como partidos están “blindados” con la reforma política.
En este sentido, el abogado y experto en temas electorales Armando Charles Lumbreras advirtió que la reforma “es un fiasco” y poco o nada harán por salvarla las leyes secundarias.
“La reforma política es un fiasco totalmente, las leyes secundarias están acotadas por la reforma y no podrán ir más allá de la norma constitucional”.
Dijo que entre los grandes pendientes que deja la reforma están precisamente el de no abaratar los costos de campaña y no delimitar la promoción de los servidores públicos, tanto en radio, televisión e internet, incluidas las redes sociales, lo que pone a los actores políticos en desventaja a la hora de competir.
“Los servidores públicos o los partidos políticos muchas veces prefieren violar la ley porque les sale más barato y es menos el castigo que cumplirla”, dijo Charles Lumbreras
Y precisó: “La propaganda debe ser institucional y debe tener una funcionalidad permitida, cuando simula ser propaganda gubernamental pero para promover personajes políticos o de gobierno, independientemente de que sean después candidatos o no, el hecho de que estén gastando recursos públicos que no están autorizados a gastar debe ser sancionatorio”.
Explicó que, a partir de la reforma política, el artículo tercero transitorio señala que se debe establecer un gasto de comunicación social que no rebase topes presupuestales.
Sin embargo, dijo que pensar que las leyes secundarias establezcan procesos sancionatorios “suena ingenuo”, pues las van a elaborar los mismos que hicieron la reforma política, «una ley que está hecha para no cumplirse».
“La reforma no resolvió lo que se pedía desde el 2007 de abaratar costos de propaganda en campañas electorales; en Tamaulipas por ejemplo de esa fecha a ahora han aumentado los topes de campaña y esta reforma tampoco lo resuelve”.
Gobiernos deben apegarse a la norma
En este sentido, el Vicepresidente del Consejo Cívico Ciudadano, Jorge Manautou Saucedo, precisó que lo primero que debe imperar es el compromiso de los gobiernos y del propio poder legislativo de no caer en prácticas malsanas e ilegales.
Enfatizó que «hasta un niño» se da cuenta de los actos anticipados de campaña y de la promoción política de algunos actores que gastan el erario en espectaculares y otras estrategias mediáticas destinadas a ganar adeptos entre el electorado, incluso fuera de las cuatro etapas de un proceso electoral.
“Con el pretexto de promover las acciones que hacen en el congreso de la unión o en el gabinete estatal o municipal, vemos a muchos servidores públicos promocionándose, hay espectaculares, hay páginas oficiales dedicadas a ciertos personajes que hasta un niño se da cuenta que lo que buscan es llegar a la gubernatura”.
Por este concepto, expuso que de 2008 a la fecha, el Instituto Federal Electoral (IFE) a nivel nacional ha emitido 105 sanciones que van desde promoción en revistas, infomerciales, entrevistas y capsulas de promoción personal, sin embargo, no recuerda un solo de sanción caso en Tamaulipas.
«Lo que se vive en la entidad con la promoción anticipada de algunos personajes políticos, es un acto continuo de promoción violatorio a la ley electoral y violatorio al principio de equidad».
Desde ahora, señaló, se advierte que hay clara desventaja pues hay un senador promocionándose con el pretexto de dar a conocer su labor legislativa y varios funcionarios estatales y federales con mayor actividad publicitaria que antes de estar tan cerca el proceso federal electoral de 2015 y de que se abrieran los tiempos extraoficiales para la sucesión gubernamental.
