Por: Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria, Tamps.- Con muchas dudas y planes, este jueves quedó habilitado el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que arranca funciones sin oficinas ni presupuesto, y con cuestionamientos a uno de sus miembros por haber sido proveedor del gobierno estatal en la pasada administración.
En una primera –e improvisada- conferencia de prensa, Arturo Narro Villaseñor, presidente del Comité, sostuvo ignorar cuánto presupuesto requerirá el Comité para su funcionamiento: “estamos apenas conformándolo, eso depende de los espacios, ubicaciones y el equipo que se conforme, todavía no tenemos una cifra precisa, y estamos trabajando en ello».
Sin embargo, admitió que “para empezar nuestras remuneraciones no provienen, no son parte digamos de la nómina estatal, aunque ciertamente también la ley prevé que tiene que estar colgado de algún presupuesto, entonces es una situación relativamente nueva, tampoco somos completamente autónomos”.
Narro Villaseñor también reconoció que el reto será dar resultados, para que la ciudadanía confíe en el Comité Ciudadano del SEA, y dijo que el primer caso que podrían analizar sería el de la presunta falta de pago del Impuesto Sobre la Renta de la burocracia estatal en la pasada administración.
El Comité lo completan Héctor Alejandro de Anda Cortés que será integrante por dos años; Jorge Leoncio Ramírez Sánchez, por tres; María Isabel Loperena, por cuatro, y Rubén Bermúdez Treviño, por cinco años, mientras que Narro Villaseñor será comisionado por un año.
“Si bien el Comité de Participación Ciudadana no es a quien corresponde hacer la justicia o castigar, sí le corresponde castigar o hacer las cosas claras, vamos a ponerlo de esa manera, hagan de cuenta que somos los que vamos a encender la luz en el cuarto oscurito donde se venían haciendo las cosas”.
Pero Narro Villaseñor patinó al tocar el tema de la declaración tres de tres de los cinco comisionados, afirmando que ya había sido presentada, pero no aclaró ante quien y además dejó entrever que por lo pronto, dichas declaraciones se mantendrán precisamente en lo oscurito, es decir, en privado
Sin embargo, el más cuestionado fue el comisionado Héctor Alejandro de Anda Cortez, hermano de un diputado local del PAN y ex proveedor del gobierno estatal en el sexenio pasado. De manera ambigua, admitió haber sido proveedor a través de una empresa de su propiedad que fabricaba o instalaba señalamientos viales, pero negó revelar el monto de los contratos y se contradijo ante el aluvión de preguntas de los reporteros.
De Anda Cortez fue ambiguo al admitir que sí era proveedor gubernamental: “están facultados quienes ustedes gusten para indagar, la información estará lista cuando gusten, va a ser transparente”.
No obstante, terminó admitiendo que por medio de una empresa de señalamientos viales fue proveedor de la pasada administración, aunque dijo, recibió pocos contratos, luego dijo que no había sido proveedor y luego readmitió que sí.
Los comisionados ciudadanos dijeron que harán lo posible por castigar la corrupción pero aún no saben cómo, pues no se han reunido con el fiscal Antonio Castro Ormachea.
