Francisco Medina Guerrero
CIUDAD VICTORIA.- El Poder Judicial de Tamaulipas redujo de 70 a 15 días, en promedio, el tiempo para fijar fechas de audiencia, informó su presidenta, Tania Gisela Contreras López, al realizar un balance del primer año del nuevo Poder Judicial.
La magistrada señaló que, tras un diagnóstico interno, se detectaron áreas sensibles que requerían atención, entre ellas el retraso en la programación de audiencias, las cuales anteriormente podían postergarse hasta 70 días fuera del plazo establecido por el Código Nacional.
“Hoy todas las audiencias se celebran dentro de los plazos constitucionales. Hemos podido reducir de 70 a 15 días promedio la fijación de fechas para audiencia”, declaró.
Contreras López atribuyó este avance a la modificación de políticas y protocolos, así como a la unificación de criterios entre los juzgadores, especialmente para evitar el diferimiento constante de las audiencias.
Explicó que actualmente existen protocolos e hipótesis específicas para determinar cuándo puede posponerse una audiencia, con el objetivo de impedir que se prolongue innecesariamente la resolución de los conflictos.
La titular del Poder Judicial informó que en la sesión pasada se recibieron los informes del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración, documentos que serán integrados al informe general de actividades.
A estos reportes se sumará la actividad jurisdiccional del Supremo Tribunal de Justicia, con el propósito de presentar el informe completo durante la segunda quincena de septiembre.
La funcionaria consideró que los primeros resultados permiten realizar una valoración positiva del funcionamiento del nuevo Poder Judicial y de las medidas implementadas para ofrecer una justicia más digna.
Contreras López afirmó que la depuración de los espacios de trabajo y la revisión de los expedientes en los juzgados se establecieron como una política permanente.
Indicó que la revisión de los asuntos permite identificar pendientes y avanzar en el desahogo de los procesos, particularmente en aquellos relacionados con las audiencias y la resolución de conflictos.
“Es una política permanente. La revisión de los espacios de trabajo y, ante todo, la revisión de los expedientes que tiene cada uno de los juzgados es lo que nos permite ir avanzando en los temas de justicia”, expresó.
Respecto a los juzgadores o servidores públicos separados de sus funciones, la presidenta del Poder Judicial informó que hasta el momento son dos las personas sujetas a procedimientos de responsabilidad administrativa.
Precisó que ambos casos continúan en proceso y que se están desahogando las etapas administrativas correspondientes.
Aclaró que una eventual responsabilidad administrativa no excluye la posibilidad de que existan responsabilidades de otra naturaleza, si así lo determinan las investigaciones.
“La responsabilidad administrativa no exime la responsabilidad que pueda tener de otra índole”, puntualizó.
