Por José Gregorio Aguilar

El caso del presidente del presidente del TRIELTAM, Edgar Danés Rojas, quien enfrenta una denuncia por acoso sexual y fue señalado por cobro indebido de sueldos en la UAT así como de mantener conflicto de intereses debido a que presuntamente tiene un hermano en la nómina del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, es un caso que da pena ajena porque incluso ha trascendido al ámbito nacional, expresó el magistrado Osiris Sánchez Rivas,
No obstante, aclaró que por su investidura, no podría opinar claramente sobre el tema del acoso sexual ya que además pudiera entorpecer alguna investigación en el contexto de las magistraturas, “no soy competente de actuación, mucho menos de opinión”, argumentó.

Destacó que se espera le den la oportunidad al magistrado presidente para hacer alguna manifestación en su defensa y que no manche al Tribunal con esa situación, porque también se están conociendo otros asuntos similares.
El magistrado del Tribunal Electoral de Tamaulipas calificó como grave el hecho de que el tema se encuentre en escenarios nacionales, pero que le corresponde al magistrado presidente afrontar esa situación, “si fuera mío podría contestar que no es cierto o lo que sea”, precisó.

“Lamentable que estemos no a nivel estado sino nacional exponiendo esas circunstancias, Es un tema inédito debo reconocer pero en la parte moral, mi investidura y particularmente criterio ha sido mantenerme en ser imparcial y escuchar las dos partes, no he escuchado la opinión o respuesta del magistrado Danés para generar una convicción del tema lo correcto es escuchar a ambas partes”, insistió.

Y añadió que ya se ha tenido una oleada de periodicazos, entre estas, el paro nacional donde la exempleada, Erika Natividad Rodríguez Mascorro, acompañada por grupos feministas, se manifestó en la ciudad de México por los abusos cometidos por el magistrado presidente, quien la acoso sexualmente.

“Se me hicieron muy lamentables, no por defenderlo a él, sino por la institución”, y reiteró que hace falta la opinión del denunciado para establecer a priori una opinión, “que tal si no son así las acusaciones, de ser ciertas estaría opinando en primera fila”.

Con respecto al presunto conflicto de intereses del magistrado presidente, recordó que en la sesión 25 se presentó antes una solicitud de recusación donde se mostraron evidencias que corroboraron que en la página de internet del ayuntamiento de Nuevo Laredo sí se encontraba una persona con los mismos apellidos, Danés Rojas, presuntamente hermano de Edgar Danés.

“Yo no estoy prejuzgando o dando a entender que sí es el hermano o no, lo único que yo hice en la sesión fue poner en la mesa para que se analizara y en su caso se resolviera”, aclaró.

Pero añadió que si el pleno hubiera sometido a votación si se acreditaba o no, entonces ya se tuviera una respuesta, pero al no tenerse el asunto se queda en el aire todavía.

“Si el presidente hubiere ido con alguna apertura pues hubiera dicho que sí, que se someta a votación y si el pleno por mayoría no acredita el parentesco o que no es la misma persona, entonces ya se tendría algún pronunciamiento jurisdiccional que permitiera enderezar una opinión más calificada”.

Osiris Sánchez refirió que el asunto todavía está en la competencia de Monterrey y que es la sala regional la que los revisa, “habría que esperar para yo no hacerme de una responsabilidad por algún pronunciamiento previo.

En cuanto a la denuncia por cobro indebido como docente de la UAT, mencionó que él personalmente fue a la sala superior, pero esta finalmente dio tramité envió la demanda al senado de la república, donde se encuentra sin actuaciones porque ya son demasiados meses que no se ha pronunciado.

“Existe una laguna a la ley respecto a los magistrados, lo cierto es que tampoco han hecho un pronunciamiento en lo mínimo, no busco perjudicar pero tampoco soy cómplice de actos irregulares”, indicó.

Dejó en claro que de ninguna manera busca perjudicar al magistrado presidente pero “…tampoco soy cómplice de actos irregulares que puedan generarme una responsabilidad por permitir esas irregularidades que refiero, por eso me animé en aquel momento para denunciar los actos que refería”.

Explicó que la ley general de procesos electorales establece que ningún magistrado puede estar desempeñando el cargo de magistrado y tener otro empleo y otra remuneración, pues deben ser de carácter de gratuidad.

Como ejemplo mencionó su propio caso, “Yo, por ejemplo he sido maestro igual que el, pero en mi caso era meramente honorifico, sin cobrar y así tengo varios semestres, no cobro porque tengo la prohibición en el contexto de aquella oportunidad, lo hice del conocimiento de la sala superior pero creo que no le quiso entrar y lo remitió al senado”.

Finalmente recalcó, “yo puedo solicitar otro juicio y demandar la omisión del senado de resolver, pero también, sin ser puritano, ya me da pena ajena que estemos transitando situaciones así en una constante, en varios asuntos, en varias competencias que tenemos en este tribunal, me da pena realmente”.

Y remató, “…entonces ya no considero moverle a menos que sea algún requerimiento de la Sala o del Senado que lo requieran como autoridad competente. Algún pronunciamiento en ese sentido si lo haría, con mucho gusto, por convicción y sobre todo por coherencia.