Por: Redacción
Ciudad Victoria, Tamps.- Pésimas condiciones de cárceles y falta de personal capacitado provocan violaciones a la ley contra detenidos preventivamente.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), recientemente emitió un informe en el que refiere que, por las malas condiciones en que encontraron las cárceles municipales de cinco ayuntamientos de Tamaulipas, existe riesgo de tortura y maltrato contra los detenidos.
Estos lugares que sirven como espacios de detención preventiva y que pertenecen a los municipios con mayor índice de delitos que ameritan cárcel preventiva, como Altamira, Tampico, Reynosa, Matamoros y de Ciudad Victoria, no aprobaron las visitas que realizó el organismo.
Según un informe girado por la CNDH, estas anomalías se remitieron a los alcaldes de entonces para su atención, desde el año pasado, durante dos visitas realizadas en abril y octubre y se han emitido documentos previos a los municipios ya señalados.
Sin embargo otro informe de seguimiento mostrado por la misma comisión defensora de los derechos humanos en el país, en febrero de ese año, bajo el Mecanismo Nacional de Seguimiento a la Tortura (MNPT), dirigió una recomendación a los actuales alcaldes, a quienes se les solicitó atender las observaciones contenidas en el reporte y enviar documentos que muestren el avance en las situaciones de riesgo.
El documento reveló que durante la visita realizada por el personal de MNPT de la CNDH, solo en el municipio de Tampico, de 14 situaciones de riesgo de tortura, en la Coordinación Municipal Fuerza Tamaulipas, persistían al menos 13.
Señalan que durante estas supervisiones también revisaron el derecho a recibir un trato humano, a la legalidad, seguridad y a la protección de la salud.
Las cárceles que por sus condiciones son proclives a la tortura según este informe son: Altamira, Tampico, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria.
Y las pésimas condiciones varían aun cuando prevalecen que: no existe un área para mujeres, las celdas carecen de planchas para dormir y de higiene, utilizan celdas para almacenar objetos, no proveen alimentos a los arrestados, no cuentan con partida presupuestal, no permiten a los arrestados comunicarse telefónicamente, se aloja a indiciados que se encuentran a disposición del Ministerio Público, no cuentan con servicio médico, personal insuficiente y sin capacitación.
