México (Agencias).- El pleno del Senado aprobó los cambios a la llamada #Ley3de3 –sobre las declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos– propuestos por la Presidencia de la República.
El veto del Ejecutivo propuso modificar los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que significó quitar la obligación de presentar esas declaraciones a los particulares y dejar intacto el artículo 29, que permite a los funcionarios públicos reservar datos personales.
El pleno lo aprobó, en lo general, por 80 votos a favor, 19 en contra (de PRD y PT) y 4 abstenciones.
El PRD había presentado reservas a varios artículos de la misma ley, pero al final fueron avalados por 77 votos a favor y 22 en contra, con lo cual el Senado adoptó las modificaciones hechas por la Presidencia de la República.
El dictamen dice coincidir con la Presidencia en que:
“La presentación de la declaración patrimonial y de intereses de los particulares puede devenir en una intromisión injustificada a la vida privada y sus datos personales, protegidos por los artículos 6° y 16 de la Constitución”.
En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, calificó al Sistema Nacional Anticorrupción como una “simulación”, pues dijo que no existe separación e independencia entre los vigilantes y los vigilados:
“No se vale venir al Senado a solapar un sistema que protege la corrupción de este país […]; han trabajado mucho, dejaron a los niños solos […] ¿para hacer una maravilla?, pues hicieron una porquería”, sentenció Bartlett.
El senador del Partido Verde, Pablo Escudero, dijo que con las modificaciones “no se exime, por ningún motivo, a la iniciativa privada, a los contratistas del gobierno, de la responsabilidad que tienen”.
El senador del PRD, Armando Ríos Piter, dijo que los planteamientos del Presidente de la República no son correctos, “porque el espíritu que animó a votar la reserva al artículo 32 es entender que la corrupción es un tango que se baila con dos partes”, por lo que posteriormente su grupo parlamentario presentó una reserva que rescataba la idea de las declaraciones para la iniciativa privada, aunque posteriormente fue desechada.
El senador independiente, Manuel Cárdenas Fonseca –quien la madrugada del 15 de junio fue el que propuso añadir que los particulares también presentaran sus declaraciones– estuvo en desacuerdo con la enmienda del Ejecutivo y dijo que los empresarios “también son corruptos”:
“Por ningún motivo permitiré a Coparmex (la Confederación Patronal de la República Mexicana), como no se lo permití, que generalizara; si ellos dicen que somos negligentes y corruptos, ellos también lo son, no se vale generalizar”, dijo el suplente de la senadora Mónica Arriola Gordillo, quien falleció este año.
La Presidencia dio marcha atrás a la ley después que el sector empresarial se manifestó en contra de las declaraciones para los particulares y después de una reunión en Los Pinos, el pasado 21 de junio, con el presidente Enrique Peña Nieto.
Los empresarios argumentaron que esa disposición era inoperante, pues incluso beneficiarios de programas sociales y pequeños contratistas estarían obligados a presentar sus declaraciones.
En el pleno, legisladores de PRD y PT criticaron que el presidente haya recibido al sector empresarial y no a los maestros que protestan por la Reforma Educativa.
“Peña usa dos varas: para los empresarios el veto, para los maestros la bala”, dijo la senadora del PRD, Dolores Padierna, quien además se pronunció a favor de impulsar una iniciativa que revierta la Reforma Educativa.
La senadora Padierna fue también quien presentó la reserva los artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas, con la que buscaba incluir de nuevo que la Iniciativa Privada presentara sus declaraciones. Sin embargo, su propuesta fue desechada y el dictamen fue aprobado tal como había sido aprobado en comisiones, con las observaciones de la Presidencia.
La ley modificada será enviada a la Cámara de Diputados, donde también deberá ser discutida, para que el Ejecutivo la promulgue.
