Ciudad de México.- El Gobierno de Estados Unidos apeló la orden de un juez que prohíbe las expulsiones de niños migrantes que cruzaron la frontera solos, una política promulgada con base en la pandemia de Covid-19.

El juez Emmet Sullivan emitió una orden judicial preliminar el 18 de noviembre solicitada por defensores de inmigrantes que prohibía la expulsión de niños no acompañados.

El Departamento de Justicia presentó el recurso el miércoles por la noche ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia.

Desde marzo, los agentes fronterizos han expulsado a 200 mil inmigrantes adultos y niños citando la pandemia y la necesidad de prevenir la propagación del virus.

La orden de Sullivan sólo cubría a los niños que cruzan la frontera sin un padre y no a los adultos.

Al menos 8 mil 800 niños no acompañados han sido expulsados sin tener la oportunidad de solicitar protección de asilo o hablar con un abogado.

La mayoría de las personas han sido deportadas en cuestión de horas o días, aunque la Administración Trump detuvo a cientos de niños durante semanas en hoteles cerca de la frontera entre Estados Unidos y México durante días o semanas hasta que otro juez prohibió esa práctica.

En su presentación de la apelación el Departamento de Justicia citó la propagación del virus en las comunidades fronterizas de Arizona y Texas.

Advirtió que la orden de Sullivan «probablemente tendrá un impacto irreversible en la salud pública» al agotar la capacidad del hospital y obligar al Gobierno a trasladar a niños y adolescentes «potencialmente infectados» a través de los aeropuertos.

El virtual Presidente electo Joe Biden ha dicho que echará atrás varias de las políticas contra la migración del Mandatario Donald Trump una vez que asuma el cargo el 20 de enero próximo. Biden no ha declarado si detendrá las expulsiones de inmigrantes.

La AP informó el 3 de octubre que altos cargos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades se resistieron a emitir una declaración de emergencia que permitiera la expulsión de migrantes porque carecía de base de salud pública, pero que el vicepresidente, Mike Pence, ordenó a la agencia que siguiera adelante.

Los defensores de los migrantes que pidieron la orden judicial sostienen que el Gobierno tiene capacidad para proteger a los menores y a los agentes fronterizos al mismo tiempo. Alegan que el Ejecutivo está utilizando la pandemia como pretexto para perseguir a los migrantes.

«No hay base para permitir que esta política cruel y sin precedentes entre en vigor, dado el daño que estos jóvenes podrían enfrentar si son deportados y las vías ya disponibles para alojar de forma segura a los niños», afirmó Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en un correo electrónico.