Por: José Medina
Ciudad Victoria, Tamaulipas.— El Congreso de Tamaulipas recibió una propuesta con punto de acuerdo para que la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública analicen la viabilidad de incorporar información sobre los datos personales que los extorsionadores conocen previamente de sus víctimas, con el propósito de identificar patrones que ayuden a prevenir e investigar este delito.
La propuesta, presentada por la diputada Paloma Guillén Vicente, plantea que al recibir reportes o denuncias por extorsión se registre, además del número telefónico y la modalidad utilizada, qué información de la víctima conocía el probable responsable.
El objetivo es que esos datos sean procesados de manera agregada y anonimizada, sin crear nuevas bases de datos personales innecesarias, para detectar coincidencias o patrones que puedan revelar posibles mecanismos o fuentes de obtención indebida de información.
La iniciativa parte de que las extorsiones pueden resultar más creíbles e intimidantes cuando el delincuente conoce datos como el nombre de la víctima, su actividad laboral o comercial, integrantes de su familia, domicilio o vehículos.
La legisladora señaló que actualmente las autoridades cuentan con mecanismos como la línea de denuncia anónima 089 y herramientas para consultar números telefónicos previamente reportados por posibles actos de extorsión; sin embargo, consideró necesario ampliar el análisis hacia el origen de la información utilizada por los delincuentes.
La propuesta aclara que no busca atribuir responsabilidades sobre posibles filtraciones de datos ni crear una nueva institución, sino aprovechar los mecanismos existentes para generar información que permita comprender mejor las nuevas modalidades del delito.
De aprobarse, el exhorto solicitaría a las autoridades estatales determinar la viabilidad técnica y jurídica de esta medida y, en caso de resultar procedente, utilizar la información para fortalecer tanto las investigaciones como las acciones preventivas contra la extorsión.
