El Presidente Enrique Peña Nieto instruyó a su Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, que a partir de su toma de protesta, en diciembre de 2013, se elaborara y presentara una Reforma Hacendaria Integral, que diera vialidad al desarrollo económico de México que se planteará en el Plan Nacional de Desarrollo que será presentado en el segundo semestre de este año 2013.
Sin embargo, al arranque de esta administración se vinieron complicando las medidas económicas, al encontrarse el Gobierno que México con una alta desaceleración económica, resultante de la inercia primero de una crisis internacional que no termina de dañar a todos los países en la globalización, además por los resultados de un gobierno saliente que endosó al país a la lucha contra el Crimen Organizado y que dejó a la deriva la economía de las Pymes y del campo mexicano.
No obstante al buen manejo de la macroeconomía que siguió guiando el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, manteniendo finanzas públicas sanas con un control estricto del Tipo de Cambio, aumentos continuos de las Reservas Internacionales, manejo conservador de la Inflación, bajas Tasas de Déficit Presupuestal. La microeconomía sigue dando tumbos peligrosos con altas tasas de desempleo, incremento de la economía informal y por ende del empleo informal, pobreza en más del 50% de la población y una falta total de financiamiento a las Pymes y al campo.
Por otra parte la desaceleración ahora se presenta con tasas de crecimiento menores a las estimadas para este primer semestre del año, donde todas las actividades económicas muestran signos de decrecimiento de acuerdo a datos del INEGI.
Ante este grave escenario, Peña Nieto acertó a fincar su nuevo gobierno a través de grandes acuerdos, así se dio cauce al cabildeo político que en más de 12 años había brillado por su ausencia, logrando sentar en la misma mesa las tres principales fuerzas políticas, con la finalidad de planear y presentar las grandes Reformas que el país requiere para vencer al inamovilismo político y económico.
Los mexicanos vimos con sorpresa que se lograron acuerdos primero para aprobarse la Reforma Laboral a fines de la administración de Felipe Calderón. Luego se estableció la Reforma Educativa, misma que pasa por tiempos de ajustes ante las manifestaciones de las corrientes magisteriales. Asimismo se logró plantear la Comisión Anticorrupción, se avanza rápidamente con la Reforma de Telecomunicaciones, y se lanzó una oportuna Campaña contra el Hambre. Tocando el turno ahora a la Reforma Financiera como antesala de la Hacendaria y a la Reforma Energética.
Así el pasado 8 de mayo, los tres principales partidos políticos presentaron una iniciativa de Reforma Financiera que tiene como fin principal ampliar y abaratar la oferta de crédito en el país y que se basa en cuatro ejes: fomentar el crédito por medio de la banca de desarrollo, incrementar la competencia en el sector financiero, estimular el otorgamiento de préstamos por parte de los bancos privados y garantizar la solidez del sistema financiero en su conjunto.
A reserva de lo que ocurra en las instancias legislativas, la propuesta reconoce implícitamente la falta de acceso de las Pymes y del campo en general, y de la ciudadanía de clase media hacia abajo, en particular, a los servicios bancarios y financieros baratos, confiables y accesibles, y la necesidad de que las instituciones financieras (extranjeras en su mayoría),reconocidas en el país por una insuficiente oferta de crédito, que contrasta con el alto cobro de tasas de interés y de comisiones exorbitantes por el uso de sus productos y servicios, realicen el aporte que les corresponde en rubros como las inversiones productivas y los créditos hipotecarios, de conformidad con las necesidades del país.
Habrá que reconocer en principio, que no se puede dar por Decreto la imposición de créditos, que contraiga la posibilidad de promover un endeudamiento poco sostenible y peligroso para la población de menores recursos, e incluso para la clase media y los pequeños empresarios.
En las circunstancias actuales de desempleo, inestabilidad laboral y empresarial y carestía generalizada, con una ausencia total de Programas Industriales y Agropecuarios, así como con una política económica con nulas perspectivas de incremento al poder adquisitivo de los salarios y en alzas generalizadas en impuestos, tarifas, productos de primera necesidad, se corre el riesgo de que el otorgamiento de préstamos bancarios entre la población derive en un incremento de los niveles de endeudamiento y de morosidad, recordando los tiempos recientes del FOBAPROA-IPAB.
No olvidamos esos tiempos que aún no recuperamos la mayoría de los mexicanos que caímos en carteras vencidas y en una política contraria a los ahorradores y deudores y favorable a los bancos. Es de suponer que los costos de un escenario semejante serían transferidos a los propios usuarios de créditos y a la población en general como lo marca la triste historia de México.
Por más que se quiera presentar que pondrán a cuerda a todos los bancos, sabemos que el gobierno mexicano, por ahora, carece de Capacidad y de Dientes en la CONDUSEF y la CNVB, para presionar a la baja el costo del crédito, como no sea mediante la aplicación de estímulos fiscales o el empleo directo de recursos públicos, es decir, con reducciones en las percepciones del Estado o con inyecciones de dinero público, que requiere de la otra Reforma, la Hacendaria Integral.
Lo anterior requiere por lo tanto, de una segunda Reforma y más importante, esto es la llamada Reforma Hacendaria Integral, porque ahora se anuncia una Reforma Financiera como carta de Buenas Intenciones pero no se dice el cómo y con qué, esa respuesta depende de la Hacendaria que amenaza con eliminar el subsidio al IVA en alimentos y medicinas. También los mexicanos seguimos sufriendo con los llamados “gasolinazos” que ahora convirtieron a las gasolinas mexicanas en más costosas que las e EUA. Cuándo en México no se han presentado verdaderas políticas de austeridad de los diversos gobiernos empezando con bajas significativas de los sueldos de los altos funcionarios.
Es razonable que la Reforma Financiera sea recibida con beneplácito por las instituciones bancarias y los grandes capitales del país, en la medida en que serán éstos los grandes beneficiarios de una eventual multiplicación del endeudamiento de la población, por lo que para que tal beneficio logre dispersarse hacia los estratos más bajos de la pirámide social, es necesario crear las condiciones económicas para que las personas físicas y morales puedan hacer uso de los servicios financieros sin el peligro de colocarse nuevamente en cartera vencida.
Para todo ello se requiere un auténtico reordenamiento de la Política Económica Neoliberal, un nuevo Modelo Económico a fin de impulsar Políticas Sociales para la generación de alimentos del campo, de los empleos, fortalecer en forma sostenible a las Pymes, a la pesca, minería, bosques y al sector social de la economía, así como fortalecer el poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos de los sectores mayoritarios de la población. En resumen virar hacia el mercado Interno.