La primera universidad, con organización colegiada y un plan de estudios amplio, se fundó en Bolonia, Italia, en el año 1088. Desde entonces, este modelo universitario ha servido de inspiración para gobiernos de todo el mundo, consolidándose como el medio por excelencia para investigar, transmitir y divulgar el conocimiento científico.
En nuestra época, las universidades desempeñan un papel crucial en la formación de profesionales en las distintas disciplinas que requiere la sociedad para su desarrollo y supervivencia. Sin embargo, esta labor demanda de los gobiernos enormes recursos financieros y políticas públicas que prioricen la educación como un compromiso irrenunciable.
El sistema universitario mexicano está conformado por al menos 539 instituciones de educación superior, entre ellas: 9 universidades públicas federales, 35 universidades públicas estatales, 105 universidades tecnológicas, 23 universidades públicas estatales con apoyo solidario, 12 centros de investigación, 256 institutos tecnológicos, 19 universidades interculturales y 63 centros educativos especializados en áreas como milicia, justicia, salud, deporte, arte y la marina mercante. En 2020, la población mexicana ascendía a 126,014,024 personas, de las cuales apenas el 14% cursaban estudios superiores (16,777,488) y solo el 1.7% realizaban un posgrado (2,055,605).
Recientemente, la Dra. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció una reducción del 14% en el presupuesto destinado a instituciones de educación superior para 2025, lo que equivale a un recorte de 10,268 millones de pesos.
Esta medida tendrá un impacto directo en la calidad educativa que ya enfrentaba limitaciones. La falta de recursos afectará la inversión en infraestructura —como salones, laboratorios, aulas inteligentes y recursos didácticos—, así como la contratación de profesores capacitados. Además, incrementará la brecha entre universidades públicas y privadas.
Desde una perspectiva social, enviar a los hijos a la universidad representa para muchas familias un esfuerzo económico y emocional significativo. Ven en la educación superior la esperanza de movilidad social y un futuro exitoso. Por ello, destinan gran parte de sus recursos a esta etapa formativa.
Sin embargo, el recorte presupuestal impuesto por el gobierno de Morena traiciona esas esperanzas. Al reducir la calidad educativa, se limita la capacidad de los egresados para satisfacer las demandas técnicas del mercado laboral, condenándolos al subempleo y perpetuando ciclos de pobreza. Todo esto, bajo el pretexto de la llamada «Austeridad Republicana».
La precariedad de recursos afecta gravemente la formación de los estudiantes. Por ejemplo, quienes cursan Derecho no acceden a aulas equipadas para juicios orales; los ingenieros carecen de herramientas tecnológicas como teodolitos electrónicos con GPS; los médicos enfrentan la ausencia de hospitales universitarios, y los agrónomos y veterinarios no cuentan con campos de práctica. Esto deriva en una preparación incompleta y en profesionales que no logran insertarse plenamente en su campo laboral, lo que impacta tanto sus vidas como el desarrollo del país.
Por su parte, los catedráticos enfrentan condiciones laborales cada vez más precarias, sin incentivos para su desarrollo profesional ni académico. Esto no solo afecta la calidad de la enseñanza, sino también la producción de investigaciones relevantes. Sin estas aportaciones, las universidades pierden su papel como generadoras de conocimiento e innovación.
El deterioro de la educación superior pública tendrá consecuencias profundas y duraderas para la sociedad. Sin instituciones capaces de formar profesionales competentes y de generar conocimiento de calidad, el país se volverá dependiente de los avances obtenidos por las universidades globales, perpetuando ciclos de desigualdad y exclusión social.
El desmantelamiento progresivo de las universidades públicas propuesto por el gobierno de Claudia Sheinbaum, es un golpe a las instituciones, y también un atentado directo contra el futuro de México. Se esperaba que ella, al formar parte de la comunidad científica decidiera destinar un presupuesto sin precedentes a la formación universitaria, no fue así, lo que hizo fue llamar a los Rectores universitarios a ajustarse al presupuesto de austeridad provocado por los gastos excesivos del gobierno de Lopez Obrador, en programas sociales y aumento del pago de deuda externa.
Sin profesionales bien formados, sin innovación y sin acceso equitativo al conocimiento, nuestra nación se convierte en un dependiente de otras naciones en materia de desarrollo tecnológico. Lo que está en juego son los sueños de millones de padres de familia que desean tener un hijo profesionista, el presente de los estudiantes, catedráticos mal pagados asi como la posibilidad donde la educación sea el motor del progreso. Ignorar la importancia de fortalecer las universidades públicas es condenar a México al estancamiento y a un destino donde las oportunidades solo serán privilegio de unos pocos.
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