Después que la Secretaría de Energía (SENER) publicó el viernes 15, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ‘Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional’, que contiene medidas que impactan el crecimiento y operación de las centrales de energía renovables.

La dependencia dirigida por Rocío Nahle publicó las medidas puestas a disposición en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y de que la SENER pidiera al organismo que la medida fuera exenta de presentar la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), proceso mediante el cual debía demostrar las consecuencias que tendrían las nuevas reglas en el sector.

César Hernández, quien fungía como titular de la Conamer, anunció su salida del organismo el mismo lunes. Parecido a lo hecho hace pocos meses por otros funcionarios que no concuerdan con la dirigente de la SENER.

La SENER logró la promulgación de la nueva política días después de que la dirección del DOF le negó la publicación inmediata sin pasar por el proceso requerido en términos de mejora regulatoria y le ordenó seguir el procedimiento ante Conamer, según correos electrónicos vistos por este medio.

La política diseñada por la SENER impone una serie de pruebas y limitaciones a nuevas centrales de generación de energía vía métodos renovables, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares que considere congestionados o con poca capacidad de transmisión.

REACCIONES: En respuesta a la anarquía dictatorial e inconstitucional del decreto de la SENER, se presentaron desde el mismo 15 de mayo hasta este martes una lluvia de amparos. Estos por parte de las propias empresas afectadas, además de Cartas Diplomáticas del Canadá, EE.UU. y varios países de la Union Europea.

Debido a esos cambios en reglas para el sector eléctrico se presentaron dichos amparos en el juzgado especializado, y además ya se han concedido diversas suspensiones, las cuales se suman a las dos primeras que fueron otorgadas el lunes.

Según registros judiciales, el juez Rodrigo de la Peza ha dado entrada a 50 demandas de amparo promovidas por empresas, entre ellas Dolores Wind, afectadas por las reglas publicadas el viernes 15 por la Secretaría de Energía (SENER) que dan mayor control sobre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Cabe resaltar que el lunes 18, el juez citado, concedió las dos primeras suspensiones provisionales contra el acuerdo del Cenace, una de estas a la empresa española FV Mexsolar-XI, que en el municipio de Perote, Veracruz, construye el «Parque Solar Foto Voltaico Perote 2», en el que se invierten 150 millones de dólares para generar anualmente 280 mil 257 Mega watts (MWh) de energía eléctrica, que sería incorporada a las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La suspensión temporal significa que: “Se fijan las nueve horas con treinta minutos del 22 de mayo de 2020 para que tenga verificativo la audiencia incidental… Se concede la suspensión provisional”, explica el juzgado en una breve comunicación emitida en la página del Consejo Federal de la Judicatura.

Por todo ello, las reacciones además de los amparos no se detendrán. Ya distintos gobiernos estatales, entre los que se suma el de Tamaulipas, junto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los 12 organismos que lo integran, la American Chamber/México, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y Embajadores de la Unión Europea en México pidieron revocar el llamado “acuerdo de política de confiabilidad” en electricidad que impuso la SENER que, para la CFE, significará “volver a ser pilar del desarrollo nacional, a fin de lograr la independencia energética”.

De acuerdo a lo publicado por J. Jesús Rangel M. en El Milenio este lunes 18 […] Los calificativos contra esa disposición son de “ilegalidad”, violenta el estado de derecho, es arbitrario, castiga a empresas competitivas para favorecer a la CFE, paraliza inversiones y tira a la basura todo el andamiaje regulatorio creado para dar confiabilidad a todo el sistema eléctrico.

Es claro que ni CFE ni Pemex han entendido que son empresas que no pueden ser juez y parte; deben opinar sobre el tema, pero no ser reguladores o dictadores de políticas públicas. Eso es lo que violenta el estado de derecho.

Los afectados van entonces al amparo. Lo que se suma contra la decisión del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que desde el 29 de abril impide a plantas eólicas y fotovoltaicas realizar pruebas preoperativas para favorecer a CFE, por este primer efecto se presentaron seis amparos: Enel, Acciona, Fotowatio, Neon, X-ELIO y Peñoles, y con el decreto del 15 de mayo, llovieron más de 50 nuevas inconformidades, por esto y por el acuerdo de confiabilidad de la SENER.

Por el primero se impactan negativamente 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 entidades que pone en riesgo inversiones por más de 6 mil 400 millones de dólares (fin de cita del Milenio).

DEFINITIVAMENTE ESTE GOBIERNO ESTÁ A PUNTO DE LOGRAR UN PUNTO DE INFLEXIÓN…