Tras escuchar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), el juez de Control adscrito al Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, dictó auto de vinculación a proceso al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el delito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de comprar un bien inmueble sabiendo que el dinero es ilegal.
En la audiencia inicial la defensa de Lozoya Austin, reconoció que busca un criterio de oportunidad que le permita no ser procesado penalmente, por lo que en el momento oportuno denunciará a las personas que lo presionaron para convertirse en “el instrumento no doloso” de hechos presumiblemente delictuosos.
Ya durante la audiencia de imputación en la causa penal 211/2019 por el caso Agro Nitrogenados, el juez argumentó que la defensa de Lozoya no controvirtió los hechos y se allanó a la imputación de la FGR.
Sin embargo, Lozoya no irá a prisión ni será sometido a resguardo domiciliar, por lo que seguirá su proceso en libertad.
Las únicas medidas cautelares a las que estará sometido son el uso de un brazalete electrónico que deberá pagar de su bolsillo y la obligación de firmar cada 15 días en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
Derivado del criterio de oportunidad solicitado, el juez de la causa avaló la solicitud de los fiscales para que Lozoya tenga acceso a medidas cautelares mínimas.
El juzgador destacó que la FGR no solicitó prisión preventiva en contra del imputado, por lo que Lozoya podrá “trasladarse a diverso lugar” una vez que haya recuperado su salud.
La resolución autoriza el traslado de Lozoya a un lugar fuera del hospital sin vigilancia policíaca, lo que equivale a una libertad provisional, pese a que la propia FGR dijo ante el juez de que existe un riesgo objetivo de fuga.
De igual forma, ordenó retirarle la visa, el pasaporte y le prohibió salir del país.
El propósito de las medidas cautelares, explicó la FGR, es garantizar que comparezca ante las autoridades cada vez que sea requerido para participar en otro proceso penal.
La Fiscalía tendrá un plazo de 6 meses para realizar la investigación complementaria con la ayuda de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y mecanismos internacionales de cooperación.
Las pruebas
Entre los datos de prueba presentados se encuentran las investigaciones realizadas por la UIF y la denuncia presentada ante la FGR por Pemex, derivado de la adquisición de la planta fertilizante que se realizó con conocimiento de que hasta el 82% de sus instalaciones estaban inservibles, es decir, que ya eran chatarra, por lo que su compra causó un daño patrimonial a la empresa productiva del estado.
Diversos cálculos realizados por Pemex afirman que la compra de Agro Nitrogenados ha provocado daños por más de 8 mil millones de pesos, adeudo que se va a ir incrementando conforme se actualicen los vencimientos del financiamiento usado por Pemex para esta operación.
Las pérdidas en la planta chatarra, ubicada en el complejo industrial de Pajaritos, incluyen más de 150 millones de dólares y 578 millones de pesos, solo para capitalizar a Agroindustrias, la filial de Pemex que se iba a hacer cargo de la planta chatarra.
“La afectación negativa al patrimonio de Pemex por la disminución del patrimonio financiero de Agroindustrias no ha generado los flujos suficientes para afrontar las deudas bancarias contraídas; por lo tanto, Pemex por ser garante de esa empresa (Agroindustrias) ha tenido un impacto negativo en su patrimonio”, señalaron los fiscales de la FGR.
De acuerdo con el auto de vinculación a proceso, el 5 de marzo de 2019, Martha Edith Márquez Acosta, representante legal de Pemex, conoció por parte de PMI Holding, filial de la empresa petrolera, sobre el requerimiento de 400 millones de dólares (mdd) para la adquisición de Agro Nitrogenados, de los cuales 150 millones eran para iniciar operación en la planta de fertilizantes.
Posteriormente, el 1 de diciembre de 2013 se modificó el avalúo y el costo de la operación fue tasado en 475 mdd, además de que se eliminaron del expediente los avalúos que había realizado el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y se sustituyeron por uno comercial.
Al final, la transacción se llevó cabo por un monto total de 275 mdd, de los cuales 264 millones correspondieron a los activos de la empresa y los 11 mdd restantes al valor de los inmuebles o terrenos.
La FGR explicó que el avalúo del Indaabin que se suprimió alertaba que la planta de Agro Nitrogenados llevaba 14 años inactiva y que la inversión requerida era mucho mayor al beneficio que se podría obtener de la compra.
Sin embargo, los directivos de PMI Holding, bajo el auspicio de Lozoya, autorizaron la operación y un incremento a 285 millones de dólares para concretar la venta de la plata chatarra de AHMSA a Pemex.
Durante la operación, otra filial de Pemex, PMI de Norteamérica con sede en Estados Unidos, reiteró que el 60% de las instalaciones estaban inservibles, por lo que debían ser reemplazadas. Un nuevo peritaje mostró que el deterioro ascendía al 82% de la maquinaria, por lo que cuestionó la compra de una planta chatarra.
Además de los sobrecostos en la operación de compra-venta, la filial de Pemex denunció un costo de 65 mdd por concepto de intereses en el pago de la deuda adquirida por Pemex.
Una auditoría privada también determinó que la planta de fertilizantes llevaba demasiado tiempo sin operar, por lo que se trataba de una operación muy costosa en la que no se había valorado el costo de rehabilitación de manera adecuada.
Otro dato de prueba fue la denuncia presentada por el titular de la UIF, Santiago Nieto, en la que Emilio Lozoya y su hermana, Gilda Susana Lozoya, recibieron recursos del accionista de AHMSA, Alonso Ancira, pese a que las partes carecen de una relación contractual.
De acuerdo con dicha denuncia, las transferencias de dinero comenzaron cuando Emilio Lozoya se desempeñaba como encargado de asuntos internacionales de la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto.
“ES CONOCIDO QUE EMILIO L. PARTICIPÓ EN 2012 EN LA CAMPAÑA DE ENRIQUE PEÑA NIETO, Y LUEGO EN EL PERIODO DE TRANSICIÓN FUE EL REPRESENTANTE DE ASUNTOS INTERNACIONALES, PERIODO EN EL QUE SE HICIERON LOS DEPÓSITOS. PRIMERO DE 500 MIL DÓLARES, DESPUÉS UN MILLÓN DE DÓLARES Y POSTERIORMENTE OTRO MILLÓN DE DÓLARES, QUE EQUIVALÍA A 34 MILLONES 133 400 PESOS, QUE ES EL MONTO DEL INMUEBLE QUE SE UBICA EN LADERA 20, INTERIOR 11, LA RETANA, LOMAS DE BEZARES, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, señala la imputación.
El contrato para la operación de compra venta se celebró en la calle de Arquímedes 16, donde se encuentra la oficina de la corredora inmobiliaria.
Además, se presentaron los documentos en los que se acredita que el exdirector de Pemex era el beneficiario de las cuentas de Tochos Holding y que los recursos llegaron a esas cuentas desde la empresa Latin America Asia Latin Banco, una compañía fachada de Odebrecht que se usó para pagar sobornos en distintos países.
También se estableció que la beneficiaria final de los recursos transferidos por AMHSA a Emilio Lozoya fue su hermana menor, Gilda Susana, quien era estudiante y no apta para ser representante legal de una cuenta en la que se manejaron más de 34 millones de pesos, dinero con el que Lozoya adquirió la residencia en Lomas de Bezares.
Ante los primeros depósitos y otros dos que se realizaron el 21 de diciembre 2013 por un monto de 60 mil dólares, uno para Emilio Lozoya y otro para la corredora inmobiliaria, la FGR concluyó que “resulta notorio que los recursos adquiridos no provienen de relaciones comerciales, sino de actos de corrupción, con base en una estratagema de corrupción”.
