México (Agencias).- Tras la inédita protesta de la Coparmex en el Ángel de la Independencia y el encuentro que tuvo Enrique Peña Nieto en Los Pinos con la cúpula empresarial, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, anunció el veto presidencial parcial al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que obliga a los particulares a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, pero dejó intacto el artículo 29 de la misma ley que nulifica la obligación de servidores públicos de entregar su 3 de 3.

Castillejos afirmó que se devolverán al Congreso de la Unión otros 15 artículos vinculados con el 32, donde se señala que todo particular o empresa que ejerza o reciba recursos públicos o que contrate con cualquier instancia de gobierno debe presentar las tres declaraciones.

 

Peña ignoró las demandas de la sociedad, de transparentar los bienes de los funcionarios públicos

Las bancadas del PRD y PAN en el Senado criticaron ayer el veto parcial anunciado por Enrique Peña Nieto para modificar las disposiciones de anticorrupción cuestionadas por iniciativa privada y no atender reclamos de la sociedad civil.

Miguel Barbosa, coordinador del sol azteca, condenó que el titular del Ejecutivo haya cedido ante las presiones del poder económico de los empresarios, mientras ignora las demandas de la sociedad civil para transparentar los bienes de los funcionarios públicos.

“El Ejecutivo exhibió la debilidad frente a la presión que ejercieron los empresarios de México, escudándose en una mala redacción”, afirmó.

Es un error político no haber incluido en el “veto” al artículo 29 de la Ley de Responsabilidades, cuya redacción debilita el espíritu original de la iniciativa ciudadana Ley 3de3, pues pone como límite “lo que afecte la vida privada” para publicar los bienes, intereses e impuestos de los funcionarios.

“Es políticamente incorrecto no haber incluido el artículo 29. Desaprovecha el Presidente esta gran oportunidad de verse sensible a los reclamos sociales.

“El reclamo de la opinión pública era mucho más grande para que se hubiera vetado el artículo 29”.

Fernando Herrera, coordinador de la bancada panista, lamentó que la Presidencia haya decidido mantener en la opacidad la información sobre los bienes de los funcionarios públicos, al no regresar al Congreso, con observaciones, el cuestionado artículo 29, que no contiene a detalle los formatos originales de la iniciativa 3de3.

“Es de lamentar que no se pronuncie sobre la publicidad de las declaraciones. Está claro que el Gobierno y el PRI decidieron mantenerse en la opacidad”, manifestó.

Por otro lado, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, advirtió que, a pesar de las observaciones, insistirán en que los contratistas queden obligados a presentar, por lo menos, su declaración de intereses para evitar el tráfico de influencias.