Por primera vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló una elección por violencia política de género.

Por lo que se invalidó la renovación de la presidencia municipal de Iliatenco en Guerrero, en donde se comprobó la existencia de violencia política en razón de género en contra de Ruperta Nicolás Hilario, candidata de Movimiento Ciudadano por su calidad de mujer.

En sesión, la Sala Superior informó que se pusieron pintas en 14 bardas cercanas a las casillas con mensajes misóginos que pudieron influir en el electorado, ello a pesar de que la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue por 53 votos.

En su intervención, la magistrada Mónica Soto señaló que en los casos de Violencia Política en Razón de Género, la valoración de las pruebas no puede ser rígida sino flexible. «Si bien no hay manera de probar quien fue no se pueden quedar estos hechos en impunidad. Los hechos son determinantes para el resultado de la elección», señaló.

A la anulación, se sumó el magistrado Felipe Fuentes Barrera quien externó que, la intención de las pintas claramente era menoscabar los derechos de la candidata.

La invalidez de la elección fue respaldada con seis votos a favor y uno en contra, pues el magistrado José Luis Vargas Valdez consideró que en el caso, no se cumplen los supuestos legales para anular.

“Mañana cualquier conducta podrá ser atribuible a cualquier persona o actor independientemente si la cometió o no la cometió y me parece que eso afecta otros principios del debido proceso. (…) Estamos sancionando al elector, al anular una elección sin un responsable estaríamos ante un criterio incorrecto», advirtió.

Pese a injerencia de crimen organizado, TEPJF ratifica triunfo de Ramírez

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la existencia de violencia electoral e intervención criminal en la elección de Michoacán en cuatro municipios, al tiempo que ratificó el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador de la entidad.

En sesión del Pleno, el magistrado Indalfer Infante señaló que la elección de la gubernatura en el estado tuvo “incidencia focalizada” de personas supuestamente pertenecientes al crimen organizado en diversas secciones de los municipios de Mújica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho.

Sin embargo, los integrantes de la Sala Superior consideraron insuficientes dichos actos para alcanzar la pretensión de anular la elección pues determinaron que la violencia no fue generalizada.

«No todo hecho de riesgo o violencia implica una situación generalizada para anular una elección», señaló el magistrado ponente.

En ese sentido, a pesar de confirmar la validez de los comicios en la entidad federativa, el Pleno determinó la anulación de las casillas en donde se acreditó la violencia electoral.

Asimismo, a propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña se integró a la resolución, dar vista al Instituto Nacional Electoral para que emita protocolos y convenios a fin de combatir la violencia en los procesos electorales y se respete la votación de la ciudadanía.

Previo a dicha resolución, las dirigencias nacionales de los partidos que conforman la alianza PRD-PAN-PRI advirtieron que es inadmisible que a pesar de que hay pruebas de la injerencia de grupos del crimen organizado en el pasado proceso electoral en la entidad, esto no sea un elemento suficiente como causal de nulidad.

A través de un comunicado conjunto, las fuerzas políticas indicaron que con un fallo a favor de Bedolla, lo que se estaría avalando la participación de la delincuencia en las elecciones realizadas el pasado 6 de junio en Michoacán, y se sentaría un preocupante precedente en la vida electoral del país.

Las dirigencias nacionales insistieron en que avalar los resultados de los comicios no solo tendría graves repercusiones para la entidad, sino que sentaría un peligroso precedente en la vida institucional de México.