Las titulares del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y de la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), Mónica Maccise Duayhe y Mara Gómez Pérez, respectivamente, formalizarán este viernes la renuncia a sus cargos.

Maccise Duayhe lo hará ante los integrantes de la Asamblea Consultiva, la cual está en sesión permanente desde el pasado martes, a petición de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La salida de Maccise Duayhe, cuyo periodo concluía hasta 2023, ocurre dos días después de que el presidente López Obrador criticó al consejo y manifestó que la Segob podría asumir sus funciones.

De acuerdo con funcionarios consultados, Maccise hará hoy oficial su salida del Conapred, que cuenta con una Asamblea Consultiva, integrada por académicos y especialistas en la materia y una Junta de Gobierno.

En su conferencia matutina, y tras la polémica desatada por la invitación al youtuber Chumel Torres a un foro sobre racismo organizado por el Conapred, López Obrador señaló que ni siquiera sabía de la existencia del organismo.

“Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate, me enteré de que existe, ¿cómo se llama?, Conapred. Es que un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon, para todo… y fue cuando más robaron”, criticó.

Ese día el mandatario se lanzó nuevamente contra los organismos autónomos, asegurando que fue un “exceso” crear tantos “para todo”, sin que se haya traducido en un beneficio para la ciudadanía.

Una segunda baja será la de Mara Gómez Pérez, comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, quien presentará su renuncia hoy a la presidencia del organismo tras seis meses de llegar a ese cargo.

Funcionarios del gobierno federal confirmaron a MILENIO su salida, que sucede tras el plantón que mantuvieron familiares de víctimas de la violencia afuera de Palacio Nacional hace dos semanas.

Apenas el 12 de junio, colectivos de deudos de personas desaparecidas exigieron la destitución de Gómez Pérez.

Demandas del grupo quedaron plasmadas en la carta que le entregaron al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, misma que el funcionario reenvió durante la reunión de este martes a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández, y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Entre los derechos que demandan los colectivos y familiares se encuentran asesoría jurídica y forense, servicios médicos, pagos funerarios, traslados, alimentación y vivienda.

La polémica en el seno de la comisión se remonta a principios de junio, cuando el Presidente garantizó que deudos de víctimas no se quedarán sin apoyo luego de que Gómez advirtió que una disminución de 75 por ciento en el gasto corriente de la institución, por las medidas de austeridad, paralizará su funcionamiento, repercutiendo en la entrega de medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes.