Ciudad de México (Agencias).- Las bancadas del PRD y el PAN en el Senado presentan hoy, de manera conjunta, su iniciativa de leyes secundarias sobre deuda pública, en la que se obligaría a los gobiernos locales a reducir hasta en un 50 por ciento su gasto corriente, se faculta al Senado para ejercer controles en las deudas locales.

Asimismo, incluye ya sanciones a los bancos que otorguen créditos a entidades públicas de manera irregular, lo cual no se habían contemplado en las iniciativas presentadas por el PAN y el PRI.

“Se sancionará a las instituciones de crédito, personas física o morales que otorguen financiamiento a entidades federativas y municipios que no demuestren fehaciente su capacidad de pago, reportados por la Secretaría ante el Sistema Nacional de Deuda como no sujetos de crédito o por un monto mayor al autorizado”, refiere el documento.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impondrá sanciones a las instituciones de crédito que otorguen créditos irregulares a gobiernos estatales o municipales.

De acuerdo al proyecto de reformas que presentan hoy el perredista Armando Rios y el vicecoordinador panista, Carlos Mendoza, se define un paquete de prohibiciones para que los estados y municipios no vuelvan a sobre endeudarse.

El proyecto de Ley General de Responsabilidad Fiscal y Deuda Pública determina que ninguna deuda puede ser destinada a gasto corriente si no solo a inversión productiva.

Los gobiernos estatal y municipal no podrán otorgar discrecionalmente garantías o asumir nueva deuda fuera de los límites de su capacidad de pago. Tampoco podrán realizar operaciones de contratación de deuda seis meses previos al final de la administración.

Cuando no esté justificada la contratación, aun con el aval de la legislatura local, quedará prohibida.

También queda impedido cuando dicha contratación no tenga viabilidad de pago o ponga en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas e incluye un candado más; que prohíbe que la deuda pueda ser utilizada para fines electorales.

En la iniciativa se determinan también obligaciones para la secretaría de Hacienda, que, en coordinación con el Senado, establecerá un sistema de monitoreo, de los niveles de endeudamiento en función de su capacidad de pago, para lo cual llegarán al Registro de Endeudamiento, elaboración de indicadores de solvencia y liquidez, a fin de detectar problemas de insolvencia.

En materia de sanciones se incluyen mecanismos administrativos y penales a violaciones constantes a los límites de endeudamiento y un instrumento de sanción del gobierno federal contra administraciones irresponsables en materia de gasto público.

Se prevé la creación de fondos preventivos para cubrir gastos inherentes al cambio demográfico o agotamiento de las reservas del petróleo.