México (Agencias).- El juicio contra la película «Presunto culpable» ha reabierto en México el debate sobre la presunta opacidad del sistema judicial y la posibilidad de que una condena a sus productores genere un «efecto mordaza» entre quienes hacen denuncia social a través de documentales.

«Es una situación muy paradójica. ‘Presunto culpable’ es quizás uno de los documentos de denuncia más importantes sobre todo de los problemas estructurales que tiene el procedimiento criminal en México», asegura a Efe el doctor en Derecho Miguel Rábago, de la Universidad Iberoamericana (UIA).

En 2011 el documental -dirigido por Roberto Hernández y producido por Layda Negrete, ambos abogados- contó la historia de José Antonio Zúñiga «Toño», un joven acusado de homicidio con pruebas endebles y un testimonio falso y que fue condenado a 20 años de cárcel, aunque después apeló y quedó libre.

El responsable de ese testimonio, Víctor Daniel Reyes, ha contraatacado y les ha denunciado por «daño moral» y «genérico» por utilizar su imagen sin su consentimiento.

La causa es una de las varias presentadas contra los directores, productores y distribuidores de la cinta, muy exitosa en taquilla, pero que acumula reclamaciones por valor de unos 3.000 millones de pesos (232 millones de dólares), incluida la de Reyes.

«Nosotros vemos estos juicios como una forma de acoso judicial por un trabajo periodístico que tiene que ver precisamente con el poder judicial del Distrito Federal, y es muy sintomático que justamente en esta jurisdicción es donde estamos teniendo todos los problemas», explica Negrete, productora del documental.

«Nuestra lucha es porque haya cámaras en los juzgados, porque haya registros fidedignos y, así como podemos ver las audiencias del Congreso, del Senado, de la Suprema Corte, quisiéramos también poder ver los juicios penales y civiles donde se deciden día a día cuestiones tan delicadas de un ciudadano», señala Negrete.

La abogada considera que la jueza civil a cargo de su caso, María del Rosario Mancera Pérez, no es imparcial, pues tiene una opinión negativa del documental y del daño que ha hecho a la justicia en México.

«Nuestro documental no intentaba lastimar a una persona, intentaba cuestionar a un sistema para cambiar. Lamentamos que se sientan ofendidos», agrega.

Esta semana la magistrada negó el acceso a los medios de comunicación a una audiencia del caso, algo que permite la ley, pero a discreción del juez.

Para el académico de la UIA Miguel Rábago, es obvio que en México existe «una relación muy complicada entre los medios de comunicación y el proceso penal», como quedó al descubierto en el documental que, con autorización del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), filmó el juicio de «Toño».

Según Rábago, el gran mérito del documental es haber mostrado las «condiciones precarias del sistema penal» y «lo difícil que es (…) la defensa penal una vez te han señalado, por alguna razón aleatoria, un policía o alguna otra persona, como autor de un delito».

Sostiene que cualquier trabajo periodístico debe respetar los derechos de las personas que aparecen en él, si son o no menores, su derecho al honor, pero considera «paradójico» que «Presunto culpable» haya caído «en un proceso de judicialización».

«Lo más fuerte es que es un documental. Si a todos los documentalistas se les va a exigir un nivel tan alto de autorización para las personas que van a salir en ellos, prácticamente estaríamos hablando del fin de los documentales como los conocemos. Es un estándar muy alto», asegura el académico.

Reconoce que ya ha tenido conocimiento de que «las propias productoras y distribuidoras de documentales en México, después de este ejemplo, tienen más miedo de sacar este tipo de documentales».

«Entonces puede tener un ‘efecto mordaza’ muy problemático, hasta cierto punto, estar siempre midiendo las consecuencias de una demanda, por lo menos económicamente, que es capaz de reducir la posibilidad de un mercado, el del documental, que no es tan comercial», añade.

«Presunto culpable» logró varios galardones, como el Premio Emmy al mejor trabajo de investigación periodística del año otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos y las distinciones a mejor documental y del público en Documenta Madrid (2010).