México, DF. (Agencias).- Como “irrisorias” calificó Daniel Gershenson, fundador y presidente de la organización Al Consumidor, las multas por 32 millones de pesos que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) impuso en conjunto a los siete principales bancos de México por registrar un contrato de adhesión distinto al que aplican a sus clientes.

Esos mismos bancos, dijo, no se atreverían a cometer tal irregularidad en otros países de América Latina, como Brasil, Argentina, Chile y Colombia, donde también operan, pero cuyas leyes de protección a los usuarios de servicios financieros y consumidores en general permiten sanciones ejemplares en este tipo de abusos al grado que afectan sus ganancias y concesiones, de la misma manera que ocurre en Estados Unidos y la Unión Europea.

En cambio en México, dijo Gershenson, la legislación correspondiente y las acciones colectivas que fueron aprobadas en 2011 se quedaron “sin dientes y con alcances muy limitados”, debido al intenso cabildeo que hicieron distintos sectores y cámaras empresariales, entre ellos los bancos, para impedir que tuvieran peso y afectaran sus ganancias, imagen y posición privilegiada.

“El propósito de las acciones colectivas es desincentivar a empresas sin escrúpulos para que dejen de incurrir en abusos contra los consumidores. Si estuviéramos en Brasil, Colombia, España o algún país anglosajón, los bancos estarían temblando verdaderamente con una acción colectiva porque puede ser una causal del retiro de su concesión para operar o la aplicación de multas estratosféricas. Los bancos en Estados Unidos y Europa jamás se hubieran visto tentados a cometer este abuso pero sus matrices en México, saben que pueden seguir abusando porque la defensa de los usuarios está muy circunscrita por leyes e instituciones débiles”, indicó.

Explicó que si bien los consumidores tienen derecho a interponer una demanda colectiva contra los bancos por el abuso dado a conocer por la Condusef el martes, con un número mínimo de 30 personas, operativamente resulta muy difícil y costosa. Además, en caso de que el Poder Judicial emita un fallo a favor, los beneficios de la sentencia y las multas sólo se aplica a los demandantes y no para toda la comunidad afectada, como ocurre en la mayoría de las naciones que tienen acciones colectivas.

El presidente de Al Consumidor aseguró que dado que los mexicanos “estamos totalmente desprotegidos frente a las empresas, se esperaría que la autoridad reguladora impusiera sanciones ejemplares para disuadir a los bancos u otras compañías de seguir cometiendo abusos, pero si imponen una multa irrisoria lo único que garantizan es que sigan actuando con total impunidad contra las decenas de millones de usuarios cautivos que tienen. Otra prueba de ello es que obtienen ganancias que no consiguen en otra nación del mundo gracias a la debilidad institucional al respecto que padece México”.