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Debido a presuntos actos de corrupción, los gobernadores Roberto Borge de Quintana Roo, César Duarte de Chihuahua y Javier Duarte de Veracruz, así como el ex gobernador Rodrigo Medina, podrían ser expulsados del PRI.

Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria priista, indicó que se ya se dio entrada a la solicitud de expulsión de los gobernadores por presuntos actos de corrupción.

La solicitud se dió luego de que Armando Barajas, consejero del PRI, presentara denuncias en contra de dichos gobernadores priístas y solicitara la suspensión de sus derechos militantes o bien su expulsión del partido.

Con esta solicitud los mandatarios estatales deberán ser notificados del proceso y se les tendrá que ofrecer derecho de audiencia para que respondan a los alegatos en su contra, tras lo cual los siete miembros de la comisión tomarán una decisión.

«Les tenemos que notificar que han sido denunciados y, como tenemos la obligación de darles el derecho de audiencia, estamos en proceso para entonces fijarles en su caso para que ellos puedan alegar lo que a su derecho convenga», explicó, Elías Calles a Reforma.

Posteriormente, la Subcomisión de Derechos analizará las pruebas que de estar fundadas, continuará el procedimiento y determinará si procede la sanción.

Una vez agotado el proceso, se emitirá un dictamen que será votado por la Comisión Nacional, para posteriormente informar del resolutivo a la Secretaría de Organización para efectos del Registro Partidario.

Elías Calles, informó  que la intención de solicitar información a las comisiones de Justicia Partidaria de los estados es hacerse de elementos y pruebas sobre los casos, ya que las denuncias fueron sustentadas en notas periodísticas.

En el caso de los Gobernadores, la solicitud se basa en anomalías en sus gestiones, las cuales están por concluir, y denuncias interpuestas por la propia Auditoría Superior de la Federación. Mientras que para el caso de Medina, por estar sujeto a proceso, el código priista señala que podría determinarse la suspensión temporal de sus derechos como militante.

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