Ciudad de México— ¿Hay que elegir entre justicia y verdad para pacificar un país?

Lucía Díaz, una madre «buscadora» cuyo grupo ha encontrado más de 300 cadáveres en fosas clandestinas a lo largo del Golfo de México, aunque no el de su hijo, no querría tener que optar nunca entre castigar a los responsables de un crimen o saber el destino de una persona desaparecida. «Sería una terrible decisión».

Por eso ahora vive días de zozobra, entre el miedo y la esperanza.

Después de doce años de violencia en México, con más de 200 mil asesinatos y 35 mil desaparecidos, el proceso de consultas que acaba de iniciar el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para elaborar una ley de amnistía que pacifique el país provoca tantas incertidumbres como expectativas. Algunos creen que las heridas son demasiado profundas como para hablar de perdón. Otros la consideran necesaria para lograr la paz.

«Nosotras, las madres, nos inclinaríamos más por negociar, tratar con los criminales para que nos den información que nos pueda llevar hasta nuestros hijos, en lugar de simplemente meter a la gente a la cárcel», explicó Díaz, madre de Guillermo Lagunes, desaparecido en 2013.

Eso, en parte, no es nuevo. Cuando Díaz y los voluntarios del colectivo «Solecito» rastreaban las lomas del estado de Veracruz era porque manos anónimas les habían entregado un mapa de fosas, evidentemente elaborado por los asesinos o miembros del cártel que querían calmar sus conciencias.

«He vivido en este infierno durante cinco años», confesó Díaz. «Creo que mi respuesta sería ‘ya díganme dónde está mi hijo'».

Los futuros titulares de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Seguridad, Alfonso Durazo, han dejado claro que explorarán todos los instrumentos legales disponibles con los derechos de las víctimas como eje y sin pasar por la impunidad. Entre los beneficiados por la amnistía, adelantaron, podrían estar presos por delitos no violentos, jóvenes utilizados por los cárteles como informantes o mujeres que transportaban pequeñas cantidades de droga, una actividad que en el futuro podría incluso ser despenalizada.

A falta de más definición, la idea ya tiene detractores.

«Hay muchas víctimas directas e indirectas que han quedado desamparadas (…) yo no creo que esa ley de amnistía pueda representar un acto de justicia para la gente que ha sufrido secuestros, que tiene algún ejecutado», afirmó Manuel Olivares, de un centro de derechos humanos del sureño estado de Guerrero.

Olivares trabaja en lugares como Chilapa, una de las ciudades más violentas del país donde los cadáveres desmembrados, quemados y apilados en carreteras o las fosas clandestinas son algo cotidiano.

«(1/8)La amnistía(3/8) no va a traer la paz, la reconciliación, mientras no se ataquen las causas de la delincuencia organizada: el desempleo, los bajos sueldos, la falta de educación o de oportunidades para los jóvenes, apoyo para el campo», indicó. Tampoco cree que la población acepte a alguien que se dice arrepentido.

En el vecino estado de Michoacán, donde en 2013 muchos civiles hartos de la violencia optaron por alzarse en armas y tomar la justicia en sus manos, hablar de arrepentidos chirría porque exmiembros del cártel de los Caballeros Templarios «perdonados» por las autoridades por luchar contra el grupo luego se reorganizaron en otras bandas.

«Si la amnistía fuera para personas que luchamos por algo bueno, estaría bien», comentó Héctor Zepeda, uno de aquellos civiles que se mantiene como comandante de las autodefensas de una localidad de la costa michoacana. Zepeda sabe que las autoridades quieren apresarlo como a más de un centenar de sus compañeros porque, aunque antes eran aliados, ahora solo son gente armada en situación irregular.

El equipo de López Obrador ha hablado también de aplicar la amnistía a los presos políticos, pero queda por definir quienes entrarían en categoría.

Entre los optimistas con las propuestas del futuro gobierno está Juan Carlos Trujillo. Dos de sus hermanos desaparecieron en Guerrero y otros dos en Veracruz. «Después de diez años de búsqueda me di cuenta que lo que desapareció en este país fue la justicia, así que optamos por intentar acceder a la verdad», dijo.