México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se dejen intimidar, que actúen con criterio y tomen en cuenta el sentimiento del pueblo al resolver conforme a la ley la solicitud de la consulta para enjuiciar a ex mandatarios, después de que el ministro Luis María Aguilar propuso declarar anticonstitucional el ejercicio ciudadano.

A una semana de que someta a votación la propuesta de Aguilar, el mandatario manifestó que los argumentos del ministro, de que se afectan los derechos humanos y las garantías para la protección de las personas, son parecidos a lo que “manejó desde el principio Felipe Calderón.

Yo opino distinto, pero vamos a esperar que el pleno de la Corte resuelva el próximo jueves, porque en la decisión no sólo interviene un ministro, y hasta ahora es sólo un proyecto.

–¿Qué les diría a los ministros?

–Que actúen con estricto apego a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio. Aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso en el artículo 35 de la Constitución y en la Ley de Consulta Ciudadana, que tomen en cuenta el sentimiento del pueblo.

“Ya sé que tienen que resolver con apego a la legalidad, que no necesitan leerme el artículo de la Constitución, el 35, que establece que no se deben de violar los derechos humanos.

Considero que no existe ninguna violación a derechos humanos, a las garantías de los ciudadanos, porque en el caso de que se lleven a cabo estos juicios los tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que prevalece, dándole al implicado las garantías de defensa, de que no se violen sus derechos humanos. Pero este es un proyecto, hay que esperar.

Planteó que el primero de octubre se someta a votación el proyecto. “Ahí se va a saber… Hay algunos proyectos que se aprueban y otros que no, y tiene que decidirse por mayoría. Hay que tener confianza en la Corte”, resaltó.

Inconstitucional, consulta ciudadana sobre ex presidentes: ministro

El ministro Luis María Aguilar Morales propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la consulta popular sobre si se debe o no enjuiciar a los ex presidentes. Su argumento principal es que la pregunta planteada es contraria a los derechos humanos.

De acuerdo con el proyecto, la consulta solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no se enmarca dentro de los requisitos que fija el artículo 35, fracción VII, de la Constitución, donde se establece que no se puede someter a consulta la restricción de los derechos humanos.

Aguilar Morales señala que la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo, desnaturalizando con ello su propósito y finalidad.

Agrega que recurrir a este mecanismo de democracia directa para decidir si se lleva a juicio a los ex mandatarios implica también una violación al principio de igualdad: no está justificado por qué a algunas personas se les somete al escrutinio público para determinar si se les debe investigar y, en su caso, sancionar penalmente, mientras al resto de las personas no se les da el mismo tratamiento.

El proyecto, de 43 páginas, sostiene también que esta consulta violaría el derecho al debido proceso penal, provocando con ello un efecto negativo en los derechos de las posibles víctimas y en la sociedad en general.

En efecto, no se puede someter a consulta la aplicación de la Ley, pues ello desnaturalizaría la finalidad de la consulta popular, que consiste precisamente en empoderar las voces y voluntad de la ciudadanía, así como proteger los derechos humanos y el estado de derecho, se afirma en el proyecto.

Advierte que si la votación mayoritaria en la consulta resulta ser por no procesar a los ex presidentes, esto garantizaría su impunidad, se obligaría a las fiscalías correspondientes a claudicar en la función social que se les ha encomendado e, incluso, podría con ello archivarse o determinarse el no ejercicio de la acción penal.

Aguilar Morales divide en cinco incisos las restricciones que, afirma, supondría realizar esta consulta, y que serían contrarias al acceso a la justicia, la presunción de inocencia, el principio de igualdad, los derechos humanos y sus garantías de protección.

El ministro termina diciendo: la suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el estado de derecho, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos.

Esta propuesta comenzó a ser circulada entre los 11 ministros de la SCJN, para que la estudien y sea votada el jueves primero de octubre en sesión pública.

La decisión sobre si procede o no será tomada por el pleno de ministros mediante mayoría simple, por lo que bastarían seis votos para desechar la propuesta.

El proyecto transcribe íntegra la petición del presidente López Obrador, donde fundamenta la necesidad de hacer esta consulta.