En lo que va de la presente administración pública estatal 22 servidores públicos han sido inhabilitados por periodos de tiempo que van desde los seis meses hasta los diez años, y se han aplicado sanciones hasta a 240 empleados estatales por incurrir en diversas faltas administrativas.

La contralora gubernamental, Gilda Cavazos Lliteras, destacó que según la gravedad de la faltas corresponde la aplicación de la sanción para los funcionarios públicos del Gobierno del Estado.

“Las sanciones van desde apercibimiento, amonestación, apercibimiento público o privado, destitución, inhabilitación, esa es la clasificación de las sanciones que se pueden aplicar de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos”.

Cavazos Lliteras reveló que en lo que va de la actual administración estatal se han aplicado 240 sanciones a funcionarios públicos por diversas faltas, que van desde el hacer mal uso de los recursos públicos o una mala aplicación de las normas en cuanto a procedimientos administrativos.

En los cuatro casi cuatro años de la actual administración estatal se han inhabilitado a 22 funcionarios públicos por rangos que van desde los seis meses hasta los diez años en el caso más grave, “puede ser por cinco años, seis meses, dependiendo de la gravedad de la falta y de la clasificación que se haga de esa gravedad”.

En cuanto a  aplicaciones de índole penal en contra de algún funcionario público por incurrir en alguna conducta indebida, Cavazos Lliteras comentó que ésta la ejerce la Procuraduría de Justicia del Estado ante denuncia de la Contraloría para que sea ésta quien lleve a cabo una investigación, “está un trámite que se hace ante la Procuraduría para que ellos sean quienes hagan la investigación y posteriormente la sanción”, concluyó.