Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Américo Villarreal Anaya, Senador de MORENA, pidió frenar el desorden en la distribución de agua en la cuenca baja del Río Bravo, que está sujeta a Tratado Internacional de Aguas de 1944 , al advertir que las deficiencias en el manejo tiene repercusiones sociales, económicas y ambientales.

“Urge un análisis que permita construir un modelo de gobernanza hidrológica que preserve el agua, y que garantice el acceso de los mexicanos al recurso hidrológico”, señaló.

Villarreal Anaya detallo que presentó un punto de acuerdo para llamar a comparecer ante Senado al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Víctor Manuel Toledo Manzur y Blanca Jiménez Cisneros, respectivamente.

El senador de Tamaulipas dijo que para renovar la política de reparto de agua, deben participar gobiernos estatales y municipales, organizaciones sociales, privadas y académicos.

Villarreal Anaya señaló como crítico el caso de los derechos históricos del Río Bravo, sobre el que existe el Tratado Internacional de Aguas de 1944 y la Ley de Aguas Federales, porque se estableció que desde 1976 ya existían aprovechamientos superiores a los futuros consumos previstos en el tratado.

Sostuvo que de manera sistemática algunas administraciones cometieron el error de otorgar concesiones con fines políticos, “con el único propósito de hacer política o incluso negocio con un recurso natural de la Nación”.

“Al no permitir los escurrimientos de manera normal de los volúmenes de agua del Río Conchos bajo el argumento de que esas aguas son de Chihuahua, se están afectando los derechos de los mexicanos del Medio y Bajo Bravo, ya que se tienen retenidas en las presas del Río Conchos, y las presas internacionales que almacenan este recurso natural en Tamaulipas disponen ahora volúmenes menores a su derecho”, concluyó.

El senador tamaulipeco subrayó que, en la actualidad, el gobierno federal ha tratado de poner en regla la disposición de agua para facilitar el acceso al líquido a todos de una forma racional; sin embargo, irregularidades administrativas siguen entorpeciendo el proceso.