Un tribunal de la ciudad china de Tianjin condenó a muerte por cargos de corrupción a Lai Xiaomin, expresidente del banco estatal Huarong, en el considerado por la prensa estatal como el «mayor caso de corrupción financiera» de la historia reciente del país.

Lai, que también fue condenado por bigamia, aceptó sobornos por más de mil 788 millones de yuanes (277 millones de dólares, 225 millones de euros) entre 2008 y 2018, período en el que también había sido uno de los principales cargos de la Comisión Reguladora de la Banca de China (CBRC).

Según la sentencia publicada por el citado tribunal, el condenado solicitaba explícitamente los sobornos a cambio de ascensos o adjudicaciones de proyectos, algo que «puso en peligro la seguridad y la estabilidad de las finanzas nacionales y tuvo un impacto social extremadamente negativo».

Lai, detenido en 2018 y a quien el tribunal califica de «anárquico y extremadamente avaricioso», también fue declarado culpable de participar en el desfalco de otros 25 millones de yuanes (3.9 millones de dólares, 3.2 millones de euros) de las cuentas de la sociedad estatal de gestión de activos financieros que presidía.

En enero de 2020, Lai hizo una confesión transmitida por la televisión pública CCTV donde se veían imágenes de un apartamento en Pekín supuestamente de su propiedad, con cajas fuertes y armarios llenos de fajos de dinero.

Lai Xiaomin, que había trabajado en el Banco central y para la agencia de supervisión bancaria, dijo que no había «gastado ni un solo céntimo». «No me atreví a gastar» el dinero, aseguró.

Las fotos también mostraban coches de lujo y lingotes de oro que el acusado supuestamente había aceptado como soborno.

Huarong es uno de los cuatro ‘bancos malos’ del país asiático, fundado en 1999 tras la crisis financiera asiática con el objetivo de purgar las insolvencias en el sistema bancario chino, aunque con la llegada de Lai comenzó a invertir en activos de alto riesgo.

Empresarios, en la mira de Xi Jinping
China lanzó una importante campaña anticorrupción en 2012, después de que el presidente Xi Jinping se convirtiera en jefe del Partido Comunista de China (PCC).

Desde entonces, se han sancionado a más de 1.5 millones de dirigentes del PCC.

La lucha contra la corrupción, muy común entre la población, se sospecha que también sirve para eliminar a las personalidades que se oponen a la línea del presidente.

El año pasado, el ex magnate inmobiliario chino Ren Zhiqiang fue sentenciado a 18 años de prisión.

Se trata de una figura crítica en los ámbitos económicos y había publicado un artículo en el que criticaba la respuesta de las autoridades a la epidemia de Covid-19, que apareció a finales de 2019 en Wuhan.

En noviembre, el multimillonario Jack Ma, el hombre de negocios más famoso de China, también se enfrentó a la venganza de las autoridades, que detuvieron ‘in extremis’ la colosal salida a bolsa en Hong Kong del gigante de los pagos en línea Ant Group, fundado por él.

La operación habría recaudado según las previsiones más de 34 mil millones de dólares y se habría convertido en la mayor salida a bolsa de la historia.

Jack Ma había criticado públicamente a los reguladores financieros chinos por frenar la iniciativa.

Desde entonces, este exprofesor de inglés que se convirtió en el pionero del comercio online en China con su grupo Alibaba no ha sido visto en público.

Desde que Xi Jinping llegó al poder, solo un alto funcionario chino ha sido condenado a muerte, en 2016, por un caso de asesinato.

Otros también han sido condenados a muerte, pero con sentencias en suspenso, que en la práctica nunca se cumplen.